La realidad política en México

Autor: Armando Peraza Guzmán

Es indudable que toda política pública tiene puntos buenos y malos, los cuales son casi imposible que no afecten en algún ámbito, pues la sociedad es múltiple y sus acciones son muy complejas. Las políticas públicas de este sexenio están en la misma tesitura, lo que permite a los enemigos de López Obrador hacer criticas utilizando lo que ellos llaman, datos duros, que en efecto son verdaderos y que viéndolos desde esa sola perspectiva, pueden envolver un discurso explosivo e incendiario para atacarlo, sin embargo, viéndolo desde una perspectiva también fría, podemos encontrar puntos positivos y duros en cada una de esas políticas públicas que ellos critican y fácilmente meternos a una guerra de datos que, si son utilizados desde una perspectiva marcada por el enojo, la misoginia o la violencia de género en nada sirven para el diálogo, al contrario, sólo sirven para descalificar y entonces, no hay pluralidad, sólo encono que es lo que percibo en muchos de las personas que son invitadas a debatir en los medios, no debaten, descalifican.

Por otro lado, desde mi propio análisis como docente en Administración Pública y Políticas Públicas, puedo decir que a mí lo que me importa serían los poderes fácticos, pues de ellos depende en muchos casos las posibilidades de acción de un gobierno y los obstáculos que puede encontrar en su camino. En el caso de México, estos poderes fácticos interesados sólo en su propio provecho, han actuado históricamente saqueando a la nación mediante gobernantes títeres que, de una u otra manera, han comprado con grandes aportaciones, en su mayoría ilegales, a los Partidos Políticos para lograr que los gobernantes en turno estén a su disposición, ya que estos poderes son o han sido los verdaderos electores, y nada hay más antidemocrático que esto, por lo tanto, la tan cacareada democracia que muchos manejan como logro de los gobiernos anteriores, no  es real, aunque reconozco que la modernización del sistema político mexicano ha transformado sus pautas de dominación tradicional antidemocráticas mediante algunas mejora en campos como los de la libre expresión (dentro de ciertos límites como Aristegui y otros periodistas ya conocen).

El gobierno de López Obrador llegó sin esa carga de compromisos por el fuerte repudio al viejo sistema que se descompuso a ojos vistas e hizo pública y notoria su corrupción e impunidad, además de su fuerte vinculación a poderosos grupos delictivos sobre todo del narcotráfico, donde varios gobernantes terminaron siendo enjuiciados por su complicidad e ineptitud al manejarse dentro de este sui generis sistema, ya que abusaron notoriamente del saqueo, el cual pudo detectarse públicamente por el avance de los medios de comunicación (TIC) y el uso de las redes en nuestro país que se extendió brutalmente denunciando esta patología.

Es así, que el actual gobierno ha podido hacer reformas que han beneficiado al grueso de la población, aun cuando en el trayecto ha tenido que enfrentar el deterioro de muchas instituciones del Estado que se intentó destruir en el viejo régimen y que ha sido muy costoso recuperar, por lo que se ha tenido que incurrir en costos sociales y ambientales altos para lograr su recuperación, ya que de otro modo no hubiera sido posible de lograr. El caso de Pemex y CFE, son paradigmáticos en esta explicación o incluso algunos otros proyectos de desarrollo de alto impacto como el Tren Maya.

Es innegable también, que para lograr una transformación de esta envergadura en un corto espacio de tiempo se necesita un líder fuerte, lo que se contrapone en algunos puntos a la postura de ciertos analistas democráticos que tienden a considerar el liderazgo fuerte como similar a una dictadura, ya que no son escuchados, pero en perspectiva, un liderazgo fuerte que tiene el 60 o 70 por ciento del apoyo popular electoral, se enfrenta a liderazgos débiles portavoces de poderes fácticos del viejo régimen, que no necesita escuchar en un proceso profundo de transformación. Su vinculación a la democracia está vinculado al respeto a los derechos humanos y a la ley y no a escuchar a minorías pertenecientes al anciano régimen decadente del que queremos salir, las que tendrán el derecho a hablar y serán escuchadas en tanto logren un apoyo sustancial de la población en sus requerimientos, lo que no ha acontecido, dato que se puede observar desde el activismo político independiente de las redes sociales o desde las numerosas encuestas que cotidianamente se están llevando a cabo, en un momento histórico en el que el tan cacareado quinto poder, el de la prensa tradicional, ya no existe, aunque les sigue siendo costoso a los viejos poderes fácticos su mantenimiento.  

Las nuevas formas de gobierno requieren discursos nuevos que encaren al viejo y corrupto régimen y sus intelectuales orgánicos, que no han podido dar el salto a la modernidad y que sólo descalifican a estos nuevos ordenes de poder público, como las redes sociales –Marín es un ejemplo-- en un intento patético por mantener su viejo y corrupto clientelismo, pero sin poder hacer un uso efectivo de ellas por su amplia y brutal expansión y politización,  que ha hecho de su manipulación algo cada vez más costoso e ineficaz ante liderazgos con tanto apoyo popular y un manejo del discurso tan efectivo como el que vivimos.

Es así que mientras no modernicen su discurso, acepten muchos cambios, sobre todo de tipo social y económico y se resignen a menores márgenes de ganancia, estos poderes fácticos económicos y políticos no podrán llegar de nuevo al poder y si lo hacen, es que ya estarán dentro de un nuevo paradigma como el europeo,  donde los grupos conservadores conviven pagando altos impuestos y permitiendo instituciones solidarias con los más pobres, lo que les permiten gobernar de nuevo con una renovada y ya no corrupta legitimidad.   

La reforma educativa, realidades y perspectivas. El fracaso del normalismo y la implementación de nuevas políticas en el ejercicio de la docencia en México

Los invito a ver mi artículo publicado por la revista In Jure, revista del Instituto de Investigación Jurídica de la Universidad Anáhuac-Mayab

En la siguiente dirección:  
Revista In Jure num 9

Abstract:

El presente artículo busca darle sentido a las causas por las cuales algunos puntos de la Reforma Educativa implementada en México recientemente, en específico la incorporación de profesionistas ajenos a las normales, han sido objeto de un rechazo generalizado por parte del magisterio mexicano, buscando explicar este rechazo a partir de la forma en que se dio su implementación y resaltando sus alcances y límites dentro de las recomendaciones teóricas de la Nueva Gestión Pública, la gobernanza y el gobierno abierto; para detectar sus fortalezas y debilidades en el logro de una mejor forma de hacer política pública, que busque generar espacios públicos de discusión que legitimen la acción del Estado y nos permita avanzar a la vez hacia un sistema democrático y republicano, más allá de los espacios de elección de corte electoral, donde  un gobierno abierto cimente la participación ciudadana en gobernanza y nos permita, con el ejemplo de una sociedad abierta, formar mejores ciudadanos, lo que sería el fin último de cualquier sistema educativo en una sociedad en desarrollo.   

Sumario:

SUMARIO: I. Introducción. II. La implementación de la reforma. III. El perfil profesional del maestro. IV. El normalismo en crisis. V. Reforma y autoridad. VI. Algunas recomendaciones finales. VII. Referencias y bibliografía.   

Dr. Armando Peraza Guzmán

UNA REFORMA EDUCATIVA SIN FUTURO, ANÁLISIS Y PROPUESTAS.

El fracaso educativo tiene dos culpables, el Estado y el sindicato. Durante el periodo priista anterior al año 2000 se repartieron el manejo de las plazas y el presupuesto como un botín político para premiar a sus incondicionales y para obtener beneficios económicos mediante la venta de plazas, entre otras cosas. Al llegar el PAN al poder, con Fox y Calderón, se le dio un uso electoral al sindicato, así se convirtió en el fiel de la balanza inclinándola por Calderón en las elecciones disputadas con López Obrador y que según Elba Esther lo convirtió en Presidente. La forma de agradecerlo fue dándole a la líder magisterial el control del sistema educativo.

Vistas así las cosas podríamos decir que en el centro del problema educativo en México figura la corrupción, la que ha tenido dos beneficiarios, el sindicato y el gobierno. En el caso del gobierno de Peña Nieto, éste ha sabido valerse del desprestigio de Elba Esther Gordillo para culparla del fracaso educativo, meterla a la cárcel y lavar sus culpas, aun cuando el propio gobierno es corresponsable del problema.

La reforma del sistema educativo exigida por la sociedad civil requiere despolitizar a la educación, sacar al sindicato y al Estado del control que ejercen sobre las plazas y los presupuestos educativos, no sólo al sindicato como ha ocurrido. ¿Por qué echarle la culpa a los maestros cuando su situación es resultado de este amasiato innoble? Haciendo una analogía, tenemos que ante cualquier enfermedad en una persona, el dolor de cabeza es el síntoma, lo que sentimos y vemos, pero no es la enfermedad, atacar este dolor no nos cura, sólo esconde el verdadero mal y ese mal  continua hasta llegar a extremos que pueden causarnos la muerte si no nos atendemos debidamente.

La evaluación de los maestros no es la solución, ni siquiera se acerca a ella. Desde la visión de las ciencias de la organización, la calidad pasa por el trabajo en equipo. Estas ciencias destacan la necesidad de impulsar sinergias mediante la creación de condiciones que propicien la consolidación de equipos autogestivos en las escuelas que periódicamente se recompongan para obtener un mejor rendimiento y productividad, generándole amplios beneficios a la organización. El problema educativo requiere una reforma organizacional, no una reforma punitiva como la planteada que sólo ataca el síntoma y no la enfermedad.

Desde las ciencias de la organización tenemos que la evaluación tendría que encaminarse a evaluar a las escuelas en función de sus resultados, y pensarlo desde este ángulo, nos lleva a proponer una escuela organizada como una estructura autónoma, que en función de un trabajo conjunto, vincule a padres de familia, maestros y alumnos haciendo que como un todo transiten hacia la calidad educativa.Una estructura de esta índole debería cumplir con ciertas características.

La escuela estaría encabezada por un Consejo Escolar que sea paritario entre padres de familia y maestros, con la participación de alumnos. La incorporación de alumnos, aunque sea sólo como observadores, es importante por el enorme potencial de enseñanza cívica que tiene aprender con el ejemplo del funcionamiento del juego de la política democrática. Asimismo, el director de las escuelas no debería ser miembro del Consejo, ya que lo desvirtuaría, sólo es el medio, la correa de transmisión que se encarga de operar lo que decida el Consejo; es decir, un modelo republicano en la escuela.

A continuación mencionaría algunas de las atribuciones que los consejos propuestos deberían tener. La primera, tiene que ver con la conformación de los cuerpos docentes. El Consejo Escolar debería contar con la capacidad de proponer maestros y de prescindir de ellos si no llenan las expectativas de la institución. La evaluación de los maestros estaría en manos de los propios maestros. Las categorías salariales se otorgarían en función del nivel que alcance la evaluación a su institución –respetando los derechos ya adquiridos--; los malos maestros serían excluidos por aquellos que buscan obtener mejores ingresos, es decir, el sistema se regularía a si mismo lo que es una  característica de los equipos de alto rendimiento.

Otra de las atribuciones del Consejo Escolar sería disponer de un fondo para la capacitación de los maestros; serían ellos mismos quienes decidan los cursos de actualización que necesitan para su mejora. Los cursos serían contratados tomando en cuenta la oferta de instituciones de educación superior  públicas y privadas, con la ventaja de aprovechar por la competencia, condiciones de costos favorables a las escuelas.

Los supervisores serían un apoyo pedagógico especializado para orientar a los maestros y directivos en la elaboración del proyecto escolar y el manejo administrativo para la rendición de cuentas, además de las mejoras físicas a la escuela, así como la obtención de presupuestos para infraestructura educativa; es decir, perderían el papel de control que actualmente tienen y que sólo ha servido para corromperlos.

Como vemos por este breve esquema que debe ser matizado y aumentado, la evaluación de los maestros  por sí sola no tiene ningún sentido. Este conflicto no debió darse. La reforma en lo que concierne a la evaluación debe dar marcha atrás y dejar de ser punitiva. Debemos sacar o limitar la influencia del gobierno en todas sus formas –estados y federación-- del control de las instituciones escolares mediante la creación de agencias autónomas ciudadanizadas de corte nacional, que se encarguen de operar el sistema educativo y eviten el manejo que los gobernadores de los Estados tienen sobre la educación, la venta de plazas y la corrupción del sistema educativo en general, es decir, despolitizar el sistema educativo.

Ideas no faltan, lo que falta es la voluntad para enfrentar a los poderes fácticos al interior del Estado y hacer las reformas debidas. Estoy convencido que la movilización magisterial es necesaria para revertir los puntos negativos de la reforma. Ha sido un acierto de la reforma actual hacer a un lado al sindicato, de alguna manera es una vía para caminar hacia adelante; sin embargo, no es suficiente para evitar que el sistema educativo deje de ser saqueado con fines electorales o por simple corrupción. Quedan pendientes que la actual reforma no está atendiendo.

Finalmente, quiero dejar sentada una observación que los maestros deben tener en cuenta en esta lucha. Para que tenga éxito deben contar con el apoyo de la sociedad civil, eso se logra proponiendo una reforma educativa que supere plenamente a la reforma recientemente publicada; una propuesta que genere consenso entre los intelectuales para tener una base de apoyo racional y razonable sobre la que discutir y que sirva para inclinar la balanza de la opinión pública a su favor. Mientras esto no se dé, la percepción social es de violencia e incompetencia, no lo debemos olvidar.

Autor: Armando Peraza Guzmán

Dr. en Derecho y Maestro en Administración Pública

Profesor investigador de la Universidad Pedagógica Nacional en Yucatán

e-mail: armando.peraza@gmail.com 

La reforma del sistema educativo, aciertos y desaciertos, una reforma sin sociedad civil.

Dr.  Armando Peraza Guzmán.

Actualmente se ha desatado una condena social desde diversos ámbitos contra el magisterio. En el fondo está la actitud beligerante de amplios sectores magisteriales sobre todo en Estados como Oaxaca, Michoacán y Guerrero,  que rechazan de plano todo tipo de evaluación y menos aun aceptan que su plaza dependa de las que lleve a cabo el Estado sobre su persona y los resultados de su docencia.

Otro factor es la percepción de corrupción que desde la figura de los líderes sindicales –encarnando en la maestra, sus afines y sucesores después de su caída— representa en el imaginario popular un espacio orientado al robo, la impunidad y el enriquecimiento ilícito, que se traslapa con la persona del maestro en lo particular, por los muchos vicios que se han generado desde las escuelas, fruto de un proceso de complicidad corruptora ya establecida entre el maestro, su sindicato y las autoridades educativas en cada Estado.

Uno más lo tenemos en las evaluaciones constantes, tanto de corte internacional como nacional que siguen ofreciendo resultados desalentadores y no muestran avances a pesar de las reformas educativas ya en proceso, tenemos también las evaluaciones recientes de los profesores que han mostrado una cara muy poco favorable al magisterio, exhibiendo sus deficiencias y limitaciones y de paso, las deficiencias del modelo normalista de formación de docentes a la luz, sobre todo, de los problemas hecho públicos con las normales rurales.

 

En verdad que la condena social y el clamor que pide se haga algo al respecto se ha vuelto nacional desde el punto de vista de amplios sectores intelectuales y empresariales, los cuales están marcados por el recuerdo de la corrupción imperante bajo la dirección sindical de la profesora Elba Esther Gordillo, que usufructuó en forma privada y privilegiada los recursos del SNTE, enriqueciéndose desmesuradamente y fortaleciéndose políticamente al favorecer a un grupo cercano --no solamente de maestros--, quedando incluidos: legisladores gobernadores y hasta presidentes que la utilizaron y fueron utilizados en una vergonzante relación que cada vez se hacía más insostenible y que le costó caro al menos a un partido político, el PAN.

Las evaluaciones internacionales –PISA--, películas como “De panzazo” y la propia belicosidad de la líder sindical y sus alianzas con las cúpulas del poder que se han hecho públicas, dada la realidad cada vez mayor de una opinión pública independiente, sobre todo de parte del sector empresarial, han reforzado la visión de una catástrofe educativa que no puede mantenerse pues cada vez tendrá un costo político mayor para el partido en el poder.

Lo lamentable de esta confrontación es que no debería tener razón de ser. Un adecuado liderazgo estaría llevado de la mano con un diálogo permanente con los legisladores donde la sociedad civil, los empresarios, el sindicato y el gobierno participaran en forma conjunta para definir el futuro de la educación en México, pero sobre todo, para hacer las reformas necesarias al sistema educativo que tanto necesita el país.

El magisterio, una vez más está ausente en la discusión de las reformas, porque los legisladores que debían representarlos y que realmente representaban a la maestra en sus turbias negociaciones de funesto recuerdo, ante su caída , se han re-alineado, volteando sumisos ante el poder del Estado y del Presidente en turno, no representando realmente al magisterio en este proceso de negociaciones, lo que es realmente lamentable, ya que unas reformas sin la participación del sector magisterial como interlocutor válido  sólo puede tener dos salidas: la confrontación nacional in crecendo, o la realineación del SNTE dentro del Estado como un organismo corporativo similar a lo que fue durante el salinismo y antes, lo que es más probable.

Las reformas, tal y como están planteadas, buscan más un efecto mediático por parte de los partidos que un resultado real en el ámbito educativo, lo he repetido muchas veces, mientras no se despolitice el Sistema Educativo Mexicano la debacle del mismo no tiene solución a corto, mediano o largo plazo, las reformas irán y vendrán y siempre habrá chivos expiatorios –no los verdaderos culpables-- que respondan ante el imaginario popular de esta catástrofe, ahora le toca el turno al magisterio.

Recuperar la rectoría del Estado en lo educativo no es ni con mucho la solución y menos ante un Estado con vocación corporativa y clientelar. Se requiere precisamente lo contrario, hay que recordar que fue la rectoría del Estado la que entregó el sector educativo al sindicalismo magisterial y que fue desde el Estado, donde se fortalecieron hasta llegar a desafiarlo. Pero recordemos, la educación ya era un desastre aun antes de que el Presidente Echeverría, ante una gran crisis económica, la utilizara para mantener el control social, usándola como medio de movilidad social al servicio de un magisterio proveniente de las capas más desfavorecidas de la sociedad, desde donde se reclutaban sus cuadros, bajo la premisa de la fidelidad, rompiéndose con lo que quedaba del vasconcelismo que si bien no era mucho, todavía daba la lucha desde grupos aislados de maestros e hijos de maestros que con entereza acudían a las aulas para reafirmar su vocación a pesar del proceso de entrega que ya sufría el SNTE desde Robles Martínez, el  primero de los tres grandes caciques sindicales que ha tenido este sindicato y que, recordemos, fue durante doce años líder del SNTE y director de BANOBRAS, banco estatal desde el que edificó un imperio económico junto a apellidos como los Alemán y los O´Farril.

Entonces, recuperar la rectoría del Estado sólo entregaría de nuevo el magisterio a los intereses políticos del partido en turno en el poder y por esa vía ya no debe ser posible circular, se requiere despolitizar el Sistema Educativo Mexicano. Para lograrlo se requiere no aumentar el ya muy desgastado proceso de descentralización que además ha fracasado en México y lamentablemente también en América Latina en su conjunto, desde Chile a Argentina o Perú, donde ya se llevaron a cabo las reformas y evaluaciones de maestros similares a las que se están preparando para México y que no han impactado en los niveles educativos de las grandes mayorías nacionales, como demuestran sus propias autoevaluaciones. Sigue el sector educativo de esos países, después de las reformas, beneficiando a pequeños sectores de clase media igual que antes.

Sin embargo, es necesario descentralizar, no centralizar, como lo indican las nuevas negociaciones que quieren sacar a los Estados de la República de las negociaciones salariales con el SNTE en los Estados, esto no llevaría más que a fortalecer el poder del nuevo Secretario General del SNTE, un líder que le venga bien al Presidente el turno y que no beneficiaría a la educación en nada, ya que sólo vitalizaría la dependencia sindical del magisterio volviéndolo rehén de su cúpula una vez más al servicio del partido en cada elección.

La tentación del uso electoral del SNTE desde una óptica institucional de corte orgánico --en lenguaje gramciano--, es una tentación a la que creo se le está dando forma con la caída de Elba Esther Gordillo, ya lo hizo Calderón con un alto costo, tanto en imagen como en la propia funcionalidad de la reforma, además del desgaste político que le representó esa alianza. El PRI pareciera que quiere volver a usar a este organismo sin  los altos costos políticos que le representó al PAN, recuperando la negociación directa con la cúpula, desplazando a los gobernadores y refundando el viejo autoritarismo que tanto daño le ha hecho a la educación, cuando lo óptimo es la asignación de un presupuesto global a los Estados con una negociación particular en cada uno que estaría fijada a partir de un mínimo presupuestal autorizado por la Cámara de Diputados y que obligaría a los gobernadores el recurrir a nuevos impuestos ante cualquier otro incremento salarial.  Los beneficios salariales extras, además de ser substanciosos, deben vincularse cada vez más al desempeño institucional –no individual-- y deben ser negociados desde organismos externos autónomos, como pasa en la educación superior.

Entonces, ¿cómo descentralizar? La respuesta es una descentralización por funciones que cree al menos tres o cuatro agencias autónomas (bajo la figura jurídica de organismo autónomo que ya existe) desde agencias nacionales similares a la creada para la evaluación desde la reforma constitucional, pero que se encarguen de funciones como contratación, construcción y reparación de escuelas, capacitación y formación, recabar información que, junto a la ya creada de evaluación, pueda manejar el caso de los incentivos. Estos organismos nos permitirían salirnos de los estrechos márgenes políticos de una Secretaría de Estado que le rinde cuentas al ejecutivo a unos organismos que le rindan cuentas al Congreso directamente.

Para evitar la injerencia de los gobernadores en los Estados, estas agencias serían nacionales, desconcentradas, no descentralizadas de su órgano rector, lo que evitaría las negociaciones perversas entre los gobernadores y la imposición de personeros en cada Estado desviando muchas veces presupuestos como ha ocurrido hasta ahora.

Quedaría una Secretaría de Educación manejable, pequeña, enfocada en la delineación de la política educativa en conjunto con los problemas reales de cada Estado de la República, abocada a orientar y ser un órgano rector con gran capacidad de decisión en lo que respecta a la política educativa, ya no estaría obesa ni recargada como lo está actualmente, beneficiándose de su nuevo tamaño y generando perfiles de contratación por ejemplo, pero no contratando, de capacitación, pero no capacitando, etc.

Junto a este proceso habría que darles voz a los padres de familia, los interesados directos en el proceso educativo, mediante formas de vigilancia y participación que desde cada escuela impulsen la calidad, ya que la misma no es cosa de política ni de discursos, es cosa de compromisos y éstos sólo pueden ser establecidos desde los espacios particulares de cada escuela, urge pues una reforma que reorganice a la escuela junto con los padres de familia, establezca el Consejo Escolar, hacer un todo, generar un equilibrio republicano que poco a poco con políticas y reformas de corrección, vayan cambiando la cultura magisterial actual hacia formas de responsabilidad social, respeto y apego particular a cada institución.

Las escuelas deben tener la posibilidad de iniciar el proceso de contratación de sus profesores; la antigüedad debe ser portable, sólo así se fortalecerá el compromiso social del maestro con su institución dándole valor a los resultados; la Carrera Magisterial debe premiar el resultado por escuela, no en forma individual, pues como está ahora basada en la evaluación centrada en el maestro no ofrece resultados significativos; se debe buscar fomentar un sólido crecimiento de la calidad mediante el fomento institucional del trabajo colegiado, ya que es necesario conjuntar equipos que trabajen colaborativamente –en este punto habría que limitar la movilidad automática del maestro entre escuelas, que es un cáncer actualmente, ya que mina sistemáticamente el trabajo colaborativo-- en busca de la calidad y obtengan, desde varios indicadores de evaluación, mejoras salariales conjuntas que premien el desempeño de todos y no generen un descontento que dinamite el clima de trabajo, como está ocurriendo actualmente, según varios estudios sobre el tema en Yucatán(Gómez, 2013, Padilla, 2013); se debe también incluir a los padres de familia en la toma de decisiones en la institución desde un órgano de dirección colegiado que los incluya, ya que son los primeros interesados en lo educativo y pagan la escuela con sus impuestos.

Simultáneamente, se debe trabajar en la desaparición de la fragmentación por horas, deben desaparecer las plazas por horas y ser substituidas por plazas de medio tiempo y de tiempo completo con sólidos indicadores de crecimiento laboral. Es un hecho que desde el manejo corporativo de las plazas se les ofrece a los maestros dos, cinco o menos horas las cuales aceptan con la ilusión de crecer laboralmente y adquirir una plaza en propiedad, mientras los gobiernos de los Estados, a su vez, lo que buscan es ampliar la base clientelar de los partidos políticos creando ilusiones y afectando gravemente la labor educativa basada en el trabajo colegiado ya que éste no puede existir  bajo esas condiciones. Un claro ejemplo de cómo la cuestión político-electoral en cada Estado afecta la calidad educativa.

Los anteriores son algunos de los múltiples problemas de corte organizacional que afectan al magisterio, son problemas que hay que encarar más allá de una incompleta reforma educativo-administrativo-laboral –aunque en algunos casos acertada, como es el caso del sistema de acopio de información y gestión educativa y la creación del organismo autónomo evaluador que se está formando desde la última reforma constitucional al Artículo Tercero-- centrada en un diagnóstico basado en la reproducción de algunos modelos exitosos en varios países asiáticos que surge de la desesperación de las organizaciones civiles y empresariales y que tienen su origen en diversos estudios, evaluaciones y recomendaciones del Banco Mundial y la OCDE, políticas que  han recomendado para Latinoamérica desde hace ya más de diez años y que lamentablemente por incompatibilidad cultural han demostrado su insuficiencia en América Latina, requiriendo medidas de corrección diez años después de ser implementadas con el costo que estos errores tienen para el  combate a la pobreza mediada por el logro de los Objetivos del Milenio de Dakar y las Metas para el Siglo XXI establecidas recientemente en Mar del Plata.

En lo educativo, seguir insistiendo en un proceso descentralizador fallido es un crimen que seguirán pagando los más pobres, seguir insistiendo en la evaluación como la forma principal para impulsar la calidad educativa es otro error producto del desconocimiento de la lógica laboral que prevalece en las instituciones gubernamentales que se enfrentan, desde el ámbito organizacional, al dilema del prisionero de la “teoría de juegos”, donde dos grupos no pueden cooperar incluso si es en beneficio de ambos y donde en el mejor de los casos nadie gana, ni la sociedad, ni el magisterio y en el peor, todos pierden, como es probable que suceda.

El problema real es el cultural, la cultura magisterial que impide el éxito de cualquier proceso de reforma que se intente implementar –en lo educativo, la RIEB, RIEMS, etc., no en lo organizacional como la reforma constitucional reciente (2013)--. La cultura no cambia por decreto ni con leyes, es un problema multifactorial  que se debe encarar mediante estrategias diversas, desde una base organizacional y estudios diagnósticos que tengan como característica su particularidad y situacionalidad. En pocas palabras, hay que crear una base organizacional acorde a las nuevas formas de cultura laboral del magisterio que queremos impulsar. 

Esta sería la verdadera reforma educativa, una reforma a largo plazo de entre 20 y 25 años, pero tardará más si no empezamos de inmediato.

    

Murió el filósofo ensayista y político José María Pérez Gay, murió un gran hombre. A él lo recuerdo como maestro de la licenciatura que cursé en el ITAM, me acerco en una serie de cursos a Hegel y a Habermas en una época en que no se le conocía en México, por eso y a pesar de que lo están refiriendo en las noticias como un hombre de izquierda, quizá por su cercanía a López Obrador, creo que no se le hace justicia con esta etiqueta, nunca fue, al menos durante este periodo, amante del pensamiento marxista y recuerdo sus confrontaciones constantes con un maestro argentino –José Luis Prego-- que se encargaba de darnos marxismo, por lo que su izquierdismo estaba más cerca de la socialdemocracia alemana que de la izquierda semi-ortodoxa mexicana.
Como maestro mi mejor recuerdo es el respeto que me tuvo como alumno, a pesar de mi forma muy particular de ser como estudiante. Fue respetado y admirado por todos aquellos que compartimos sus cátedras y después fuimos lectores asiduos de sus libros. Un recuerdo muy especial para él en nuestros corazones y en nuestro pensamiento al que supo influir decisivamente desde una perspectiva crítica que nos permitió ver el mundo desde una óptica que superaba la postura reduccionista de la izquierda de la época, a la que confieso pertenecí y de la cual me alejé gracias a su influencia.
Siempre recordado por alumnos y amigos, descanse en paz, se lo merece.

El problema educativo en México: sus orígenes

Armando Peraza Guzmán

Hablar de reformas y contrarreforma encubre más una solución política y no ofrece muchas alternativas de solución a la problemática educativa actual que es desastrosa. Estoy de acuerdo que el problema fundamental no son los maestros, aunque sí son el cabo más visible y el último eslabón en la cadena de fracasos en lo educativo. Sin embargo y a pesar de que las evaluaciones son fundamentales para obtener información sobre la situación del magisterio, lo realmente importante es el uso que se le dé a las mismas y es ahí donde entra lo político y donde generalmente se toman malas decisiones que no redundan en beneficio de los niños de México.

Habría que despolitizar el sistema educativo, esa es la reforma fundamental que se requiere, el cómo hacerlo es sobre lo que tenemos que reflexionar y entender que la vía no es la descentralización tal y como se llevó a cabo, ya que la misma es un fracaso que se debe revertir y es un peligro mayor si se extiende al municipio, como lo demuestran las experiencias de América Latina. Lo fundamental es crear una serie de agencias que adelgacen a la SEP repartiendo sus funciones y haciéndolas trabajar por metas desde el modelo de organismos autónomos nacionales para revertir la nefasta influencia de los caciques regionales llamados gobernadores que tanto mal le están haciendo a nuestra educación.

Una reforma en lo educativo, que no educativa, que no retome el control de lo educativo por parte del Estado es lo que se necesita, ya que al retomar el Estado el control de lo educativo como sucedió con la última reforma constitucional en la materia y con la caída de la “Maestra Gordillo”, lo único que pasó, es que se revivió el viejo modelo de control corporativo en beneficio del partido en el poder, se revivió y modernizó el viejo pacto clientelar y se regresó al espacio de las simulaciones que han perpetuado la pobreza y la marginación en nuestro país.

En el país tenemos un grave problema en lo educativo causado por la herencia clientelar que pauperizó el sistema al desviarlo de sus fines originales. Desde Vasconcelos el sistema educativo se oriento a la educación del pueblo mexicano, a la ampliación de su cultura como una vía de emancipación y de combate a la pobreza que se extendió al campo y a las zonas indígenas vía las misiones culturales y posteriormente el proyecto de educación rural.

Este “digno” fin de lo educativo por parte del Estado, inició su rompimiento en forma temprana ya desde el cardenismo, donde la función adoctrinadora en favor de un Estado justo, revolucionario y socialista se configura mediante el “Nacionalismo Revolucionario” una especie de religión estatal igual de oscurantista que la que había sido rechazada por el laicismo educativo desde la época de Juárez. Con Alemán se logró cooptar el movimiento sindical hasta entonces autónomo con la llegada del Ingeniero Robles Martínez a  la cabeza del SNTE –el primer cacique de este organismo de tres que habría de tener hasta la fecha--, que habría de estructurar y validar ya en una forma completa y compleja la utilidad del sistema educativo, más como un órgano emergente de formación para el trabajo en la una nueva y naciente industria, que en una educación liberadora, tal y como la concibió Vasconcelos, modelo que no estaba necesariamente en contra de lo laboral, pero si saboteaba el control que buscaba perfeccionar desde el Estado el sistema clientelar que se estaba construyendo velozmente y que requería de una masa obrera dócil con los mínimos educativos para incorporarse al crecimiento de México desde una óptica de dependencia y explotación intensiva, por lo que la educación se adaptó a este proyecto y al llamado en lo económico “Milagro Mexicano”, que nos trajo la época de mayor crecimiento económico junto a una acumulación originaria de capitales, pero que no estuvo acorde con mayores niveles de justicia social para la gran mayoría de la población.

Echeverría habría de darle la puntilla al proyecto vasconcelista en lo poco que quedaba de él, que era la figura del maestro, el que se profesionalizaba desde una formación de corte estamental que le estaba dando poco a poco una identidad propia a la profesión, similar a la que tenía la del médico o el abogado, desde la familia, con imaginarios que a la larga acabarían de configurar a la carrera magisterial como una profesión heredada de padres a hijos y con sus respectivos códigos de conducta propios de una fuerte y pujante clase media que estaba ya impregnándose de una moral burguesa basada en principios culturales que hacían del trabajo una forma de superación y de la honestidad una forma de vida que todavía se puede observar en las películas de la época.

El Presidente Echeverría modernizó a su vez el modelo clientelar del alemanismo, al incorporar a las masas a él, así solucionó el fracaso cada vez mayor del modelo económico de crecimiento que ya estaba en crisis y que era incapaz de canalizar el deseo de empleo de la nueva juventud mexicana que tenía por ese entonces un índice de crecimiento impresionante y que requería de espacios económicos para darles empleo que no estaba proporcionando la industria, la que merced al modelo del “Nacionalismo Mexicano”, se había topado con los límites que un sistema de privilegios y corrupción puede ofrecer, donde el enriquecimiento era más una cuestión de acuerdos con el Estado, que de productividad y competitividad.

La masificación del magisterio requirió de un relevo en lo sindical, ya que el viejo líder respondía a otras necesidades más de corte empresarial –se volvió un empresario exitoso vinculado desde la dirección SNTE y de BANOBRAS (12 años) a los grupos empresariales más poderosos del país— que a la visión “popular” que se le quería inyectar a nuevo proyecto de país y es aquí donde toma el relevo Jonguitud quien rompe la estructura de crecimiento paulatino del magisterio y transforma a la SEP en complicidad con el SNTE en la agencia de empleos más grande del país incorporando a las masas desde unas escuelas normales que también se masificaron y pasaron de formar profesionistas a dar títulos en forma industrial sin los mínimos sistemas de control académico, la profesión se volvió una patente de corso adecuada más al bienestar económico de este nuevo magisterio que a sus fines originales.

Es en este momento cuando se inicia el rompimiento del sistema educativo con el proyecto de crecimiento económico que de por sí ya estaba en crisis, retomar posteriormente un crecimiento sostenido requeriría de un cambio de rumbo, no sólo en lo económico, también en lo educativo, ese papel se lo dejaría al último gran modernizador del “Sistema Político Mexicano” heredado de la revolución, Carlos Salinas de Gortari, que llevó a cabo una serie de reformas económicas cuya máxima expresión es el TLC, que requirieron a su vez de profundos cambios en la orientación educativa, cambios que el ya también viejo líder magisterial no podía ofrecer, esos fueron los tiempos del encumbramiento de Elba Esther Gordillo al frente del SNTE, la tercer cacique histórica del sindicato magisterial y la última hasta la fecha.                 

Una reforma educativa fallida; entre la cultura del maestro y el uso político del magisterio.

 Armando Peraza Guzmán.

Actualmente se ha desatado una condena social desde diversos ámbitos contra el magisterio. En el fondo está la actitud beligerante de amplios sectores magisteriales sobre todo en Estados como Oaxaca, Michoacán y Guerrero,  que rechazan de plano todo tipo de evaluación y menos aun aceptan que su plaza dependa de las que lleve a cabo el Estado sobre su persona y los resultados de su docencia.

Otro factor es la percepción de corrupción que desde la figura de los líderes sindicales –encarnando en la maestra, sus afines y sucesores después de su caída— representa en el imaginario popular un espacio orientado al robo, la impunidad y el enriquecimiento ilícito, que se traslapa con la persona del maestro en lo particular, por los muchos vicios que se han generado desde las escuelas, fruto de un proceso de complicidad corruptora ya establecida entre el maestro, su sindicato y las autoridades educativas en cada Estado.

Uno más lo tenemos en las evaluaciones constantes, tanto de corte internacional como nacional que siguen ofreciendo resultados desalentadores y no muestran avances a pesar de las reformas educativas ya en proceso, tenemos también las evaluaciones recientes de los profesores que han mostrado una cara muy poco favorable al magisterio, exhibiendo sus deficiencias y limitaciones y de paso, las deficiencias del modelo normalista de formación de docentes a la luz, sobre todo, de los problemas hecho públicos con las normales rurales.

 

En verdad que la condena social y el clamor que pide se haga algo al respecto se ha vuelto nacional desde el punto de vista de amplios sectores intelectuales y empresariales, los cuales están marcados por el recuerdo de la corrupción imperante bajo la dirección sindical de la profesora Elba Esther Gordillo, que usufructuó en forma privada y privilegiada los recursos del SNTE, enriqueciéndose desmesuradamente y fortaleciéndose políticamente al favorecer a un grupo cercano --no solamente de maestros--, quedando incluidos: legisladores gobernadores y hasta presidentes que la utilizaron y fueron utilizados en una vergonzante relación que cada vez se hacía más insostenible y que le costó caro al menos a un partido político, el PAN.

Las evaluaciones internacionales –PISA--, películas como “De panzazo” y la propia belicosidad de la líder sindical y sus alianzas con las cúpulas del poder que se han hecho públicas, dada la realidad cada vez mayor de una opinión pública independiente, han reforzado la visión de una catástrofe educativa que no puede mantenerse pues cada vez tendrá un costo político mayor para el partido en el poder.

Lo lamentable de esta confrontación es que no debería tener razón de ser. Un adecuado liderazgo estaría llevado de la mano con un diálogo permanente con los legisladores donde la sociedad civil, los empresarios, el sindicato y el gobierno participaran en forma conjunta para definir el futuro de la educación en México, pero sobre todo, para hacer las reformas necesarias al sistema educativo que tanto necesita el país.

El magisterio una vez más está ausente en la discusión de las reformas, porque los legisladores que debían representarlos y que realmente representaban a la maestra en sus turbias negociaciones de funesto recuerdo, ante su caída , se han re-alineado, volteando sumisos ante el poder del Estado y del Presidente en turno, no representando realmente al magisterio en este proceso de negociaciones, lo que es realmente lamentable, ya que unas reformas sin la participación del sector magisterial como interlocutor válido  sólo puede tener dos salidas: la confrontación nacional in crecendo, o la realineación del SNTE dentro del Estado como un organismo corporativo similar a lo que fue durante el salinismo y antes, lo que es más probable.

Las reformas tal y como están planteadas, buscan más un efecto mediático por parte de los partidos que un resultado real en el ámbito educativo, lo he repetido muchas veces, mientras no se despolitice el Sistema Educativo Mexicano la debacle del mismo no tiene solución a corto plazo, las reformas irán y vendrán y siempre habrá chivos expiatorios –no los verdaderos culpables-- que respondan ante el imaginario popular de esta catástrofe, ahora le toca el turno al magisterio.

Recuperar la rectoría del Estado en lo educativo no es ni con mucho la solución y menos ante un Estado con vocación corporativa y clientelar. Se requiere precisamente lo contrario, hay que recordar que fue la rectoría del Estado la que entregó el sector educativo a las mafias sindicales del magisterio y que fue desde el Estado, donde se fortalecieron hasta llegar a desafiarlo. Pero recordemos, la educación ya era un desastre desde que Echeverría la usó como medio de control social rompiendo con lo que quedaba del vasconcelismo, que si bien no era mucho, todavía daba la lucha desde los propios maestros que con entereza acudían a las aulas para reafirmar su vocación a pesar del proceso de entrega que ya sufría en SNTE desde Robles Martínez, el  primero de los tres grandes caciques sindicales que ha tenido este sindicato y que, recordemos, fue durante doce años líder del SNTE y director de BANOBRAS, banco estatal desde el que edificó un imperio económico junto a apellidos como los Alemán y los O´Farril.

Entonces, recuperar la rectoría del Estado sólo entregaría de nuevo el magisterio a los intereses políticos del partido en turno en el poder y por esa vía ya no debe ser posible circular, se requiere despolitizar el Sistema Educativo Mexicano y para eso, se requiere no aumentar el ya muy desgastado proceso de descentralización que además ha fracasado en México y lamentablemente también en América Latina en su conjunto, desde Chile a Argentina, donde ya se llevaron a cabo las reformas y evaluaciones de maestros similares a las que se están preparando para México  y que no han impactado en los niveles educativos de las grandes mayorías nacionales, como demuestran sus propias autoevaluaciones. Sigue el sector educativo de esos países, después de las reformas, beneficiando a pequeños sectores de clase media, igual que antes.

Sin embargo, es necesario descentralizar, no centralizar, como lo indican las nuevas negociaciones que quieren sacar a los Estados de la República de las negociaciones salariales con el SNTE en los Estados, esto no llevaría más que a fortalecer el poder del nuevo Secretario General del SNTE un líder que le venga bien al Presidente el turno y que no beneficiaría a la educación en nada, ya que sólo vitalizaría la dependencia sindical del magisterio volviéndolo rehén de su cúpula, una vez más al servicio del partido en cada elección.

La tentación del uso electoral del SNTE desde una óptica institucional de corte orgánico --en lenguaje gramciano--, es una tentación a la que creo que se le está dando forma con la caída de Elba Esther Gordillo, ya lo hizo Calderón con un alto costo tanto en imagen como en la propia funcionalidad de la reforma, además del desgaste político que le representó esa alianza. El PRI pareciera que quiere usar a este organismo sin  los altos costos políticos que le representó al PAN, recuperando la negociación directa con la cúpula, desplazando a los gobernadores y refundando el viejo autoritarismo que tanto daño le ha hecho a la educación, cuando lo óptimo es la asignación de un presupuesto global a los Estados con una negociación particular en cada uno que estaría fijada a partir de un mínimo presupuestal autorizado por la Cámara de Diputados y que obligaría a los gobernadores el recurrir a nuevos impuestos ante cualquier otro incremento salarial.  Los beneficios salariales extras, además de ser substanciosos, deben vincularse cada vez más al desempeño y deben ser negociados desde organismos externos como pasa en la educación superior.

Entonces, ¿cómo descentralizar? La respuesta es una descentralización por funciones que cree al menos tres o cuatro agencias autónomas (bajo la figura jurídica de organismo autónomo que ya existe) desde agencias nacionales similares a la creada para la evaluación desde la reforma constitucional, pero que se encarguen de funciones como contratación, construcción y reparación de escuelas, capacitación y formación, recabar información que, junto a la ya creada de evaluación, pueda manejar el caso de los incentivos. Estos organismos nos permitirían salirnos de los estrechos márgenes políticos de una Secretaría de Estado rindiéndole cuentas al Congreso directamente.

Para evitar la injerencia de los gobernadores en los Estados, estas agencias serían nacionales, desconcentradas, no descentralizadas de su órgano rector, lo que evitaría las negociaciones perversas entre los gobernadores y la imposición de personeros en cada Estado, desviando muchas veces presupuestos como ha ocurrido hasta ahora.

Quedaría una Secretaría de Educación manejable, pequeña, enfocada en la delineación de la política educativa en conjunto con los problemas reales de cada Estado de la República, abocada a orientar y ser un órgano rector con gran capacidad de decisión en lo que respecta a la política educativa, ya no estaría obesa ni recargada como lo está actualmente, beneficiándose de su nuevo tamaño y generando perfiles de contratación por ejemplo, pero no contratando, de capacitación, pero no capacitando, etc.

Junto a este proceso habría que darles voz a los padres de familia, los interesados directos en el proceso educativo mediante formas de vigilancia y participación que desde cada escuela impulsen la calidad, ya que la misma no es cosa de política ni de discursos, es cosa de compromisos y éstos sólo pueden ser establecidos desde los espacios particulares de cada escuela, urge pues una reforma que reorganice a la escuela junto con los padres de familia, establezca el Consejo Escolar, hacer un todo, generar un equilibrio republicano que poco a poco, con políticas y reformas de corrección, vayan cambiando la cultura magisterial actual hacia formas de responsabilidad social, respeto y apego particular a cada institución.

Las escuelas deben tener la posibilidad de iniciar el proceso de contratación de sus profesores; la antigüedad debe ser portable, sólo así se fortalecerá el compromiso social del maestro con su institución dándole valor a los resultados; la Carrera Magisterial debe premiar el resultado por escuela, no en forma individual, pues como está ahora basada en la evaluación centrada en el maestro no ofrece resultados significativos; se debe buscar fomentar un sólido crecimiento de la calidad mediante el fomento institucional del trabajo colegiado, ya que es necesario conjuntar equipos que trabajen colaborativamente –en este punto habría que limitar la movilidad del maestro entre escuelas, que es un cáncer actualmente minando sistemáticamente el trabajo colaborativo-- en busca de la calidad y obtengan, desde varios indicadores de evaluación, mejoras salariales conjuntas que premien el desempeño de todos y no generen un descontento que dinamite el clima de trabajo, como está ocurriendo actualmente, según varios estudios sobre el tema en Yucatán (Gómez, 2013, Padilla, 2013); se debe incluir a los padres de familia en la toma de decisiones en la institución desde un órgano de dirección colegiado que los incluya, ya que son los primeros interesados en lo educativo y pagan la escuela con sus impuestos.

Simultáneamente, se debe trabajar en la desaparición de la fragmentación por horas, deben desaparecer las plazas por horas y ser substituidas por plazas de medio tiempo y de tiempo completo con sólidos indicadores de crecimiento laboral. Es un hecho que desde el manejo corporativo de las plazas se les ofrece a los maestros dos, cinco o menos horas las cuales aceptan con la ilusión de crecer laboralmente y adquirir una plaza en propiedad, mientras los gobiernos de los Estados, a su vez, lo que buscan es ampliar la base clientelar de los partidos políticos creando ilusiones y afectando gravemente la labor educativa basada en el trabajo colegiado, ya que éste no puede existir  bajo esas condiciones. Un claro ejemplo de cómo la cuestión político-electoral en cada Estado afecta la calidad educativa.

Los anteriores son algunos de los múltiples problemas de corte organizacional que afectan al magisterio, son problemas que hay que encarar más allá de una incompleta reforma educativa –aunque en algunos casos acertada como es el caso del sistema de acopio de información y gestión educativa y la creación del organismo autónomo evaluador que se está creando desde la última reforma constitucional al Artículo Tercero-- centrada en un diagnóstico basado en la reproducción de algunos modelos exitosos en varios países asiáticos que surge de la desesperación de las organizaciones civiles y empresariales y que tienen su origen en diversos estudios, evaluaciones y recomendaciones del Banco Mundial y la OCDE, políticas que  han recomendado para Latinoamérica desde hace ya más de diez años y que lamentablemente por incompatibilidad cultural han demostrado su insuficiencia en América Latina, requiriendo medidas de corrección diez años después de ser implementadas, con el costo que estos errores tienen para el  combate a la pobreza mediada por el logro de los Objetivos del Milenio de Dakar y las Metas para el Siglo XXI establecidas recientemente en Mar del Plata.

En lo educativo, seguir insistiendo en un proceso descentralizador fallido es un crimen que seguirán pagando los más pobres, seguir insistiendo en la evaluación como la forma principal para impulsar la calidad educativa es otro error producto del desconocimiento de la lógica laboral que prevalece en las instituciones gubernamentales que se enfrentan, desde el ámbito organizacional, al dilema del prisionero, de la “teoría de juegos”, donde dos grupos no pueden cooperar incluso si es en beneficio de ambos y donde en el mejor de los casos nadie gana, ni la sociedad, ni el magisterio y en el peor, todos pierden, como es probable que suceda.

 

El problema real es el cultural, la cultura magisterial que impide el éxito de cualquier proceso de reforma que se intente implementar –en lo educativo, la RIEB, RIEMS, etc., no en lo organizacional como la reforma constitucional reciente (2013)--. La cultura no cambia por decreto ni con leyes, es un problema multifactorial  que se debe encarar mediante estrategias diversas, desde una base organizacional y estudios diagnósticos que tengan como característica su particularidad y situacionalidad. En pocas palabras, hay que crear un modelo de organización acorde a las nuevas formas de cultura laboral del magisterio que queremos impulsar.  

La violencia o la esperanza, el dilema del nuevo sexenio. 

Los mexicanos asistimos estupefactos a las imágenes de violencia que se dieron durante la toma de posesión de Peña Nieto y es que realmente y fuera de algunos estados del sur de la república, no estamos acostumbrados a ese tipo de manifestaciones que sólo vemos en la TV con referencia a España, Egipto o quizá a Guerrero, Michoacán o Oaxaca, pero no en la capital del país con bombas Molotov y todo eso.

La violencia y la guerra son ajenas a la democracia, de hecho son sus enemigas, ya que cuando desde el poder se apela a ella lo que ocurre es que se dispara la contingencia, o en otras palabras, deja de ser predecible el comportamiento de los que fueron afectados por ella y de todo el entorno que rodea a la acción política. Por eso es tan peligrosa, porque lo mismo puede servir para impulsar la democracia como lo ha sido en Egipto, como para llevarnos a una dictadura como sucedió en muchos países de América Latina.

La sociedad mexicana ha respondido exigiendo castigo a los culpables, aunque cada vez más, es menos seguro que los culpables son los que fueron detenidos, detenciones que parece ser respondieron a acciones arbitrarias de los policías que las llevaron a cabo como están demostrando varios videos que muestran estas detenciones en Internet. 

Sin embargo, más allá de los complots y los grupos radicales que participaron, la pregunta es ¿por qué los asistentes fueron inducidos a ese grado de violencia cuando en situaciones normales los dirigentes han podido controlar a estos movimientos extremistas? Anteriormente  la población, los jóvenes y otros grupos civiles se habían mantenido al margen salvo hechos aislados dirigidos por los extremistas de siempre que todos conocemos.

Una explicación sería la violencia previa que se dio antes y durante el último ejercicio electoral, la cual consiste en una violencia de tipo simbólica --pero violencia al fin—, consistente en la instrumentalización –en lenguaje sociológico— de los más pobres. Cuando los partidos compran votos, se dice que están instrumentalizando a la gente, esto es, que los ven, no como seres humanos, sino como mercancías que pueden comprar y de las que pueden disponer. En Ciencia Política una situación de este tipo es considerada una forma de violencia. Ahora bien, cuando se da de una manera tan amplia como sucedió en las últimas elecciones, no puede menos que provocar que la política entre en grados de contingencia mayores, es decir, se deteriora la estructura de convivencia política que resguarda la sana convivencia entre ciudadanos mediada por los partidos políticos y puede suceder cualquier cosa, lo político se vuelve impredecible.

Un costo tendría que tener la forma en que se organizó el fraude electoral y la impunidad que existe y que no guarda ni las formas más elementales de simulación, cuando el IFE declara que según sus investigaciones lo de Monex y Soriana, el fraude vía los monederos, no existió, cuando para la población esta declaración no es más que otra forma en que se exhibe la impunidad y la descomposición que prevalece en el medio político de nuestro país.

Violencia genera violencia ¿Cómo generar confianza y alejarnos de tan pernicioso círculo que puede llevarnos a más y más violencia? La respuesta del gobierno en turno fue el pacto político, una buena respuesta si se logra cumplir y si los poderes fácticos no logran bloquearlo como fue el caso del partido verde que logró cambiarlo de última hora bajo órdenes de televisa. El inicio de un nuevo sexenio siempre ha ido acompañado de la esperanza, cada vez más débil, pero esperanza al fin. Vivimos un momento de coyuntura en que nos dejó la guerra de Calderón y que aumentó con la violencia electoral. Roguemos porque se pueda enderezar el camino y poner un coto a la muerte de la democracia en México, lo que nos queda que no es despreciable, a pesar de lo que muchos creen.

Dr Armando Peraza Guzmán

Profesor investigador de la Universidad Pedagógica Nacional en Yucatán y miembro del claustro académico de la Universidad Anáhuac en Mérida.

LIC. RENAN BARRERA CONCHA.

ALCALDE ELECTO DE LA CIUDAD DE MÉRIDA.

INFORME DE LA VISITA A LA POLICÍA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE MÉRIDA YUC.

Dr. Armando Peraza Guzmán.

Miembro de la Comisión de Transición (2012).

La  visita en cuestión, se realizó en compañía del Regidor electo, Elias Lisha y nos recibió su titular, el Comandante Federico  Cuesy Adrián, con quien se realizó una visita a las instalaciones y quién colaboró plenamente a la misma con observaciones atinadas que fueron corroboradas en el sitio.

El reporte de la visita es el siguiente:

La seguridad al entrar es deficiente pues el arco detector de metales no funciona o no está conectado, lo que pone en riesgo a la corporación ya que las armas, por ejemplo, están en un cuarto con una cerradura común sin mayor seguridad y existe el riesgo, como ha sucedido en varias lugares de la república, de que un comando de delincuentes busque procurarse armas, pór lo que fácilmente saquearía el lugar. Se necesita trabajar ampliamente este rubro de seguridad. Se recomienda estrictos sistemas de seguridad con protocolos establecidos y un área de resguardo blindada de armas.

El armamento es prestado por la policía estatal ya que no se cuenta con los permisos necesarios para la portación de armas por parte del ejército y en general existen armas de todo tipo, desde pistolas antiguas y en no muy buenas condiciones, hasta subametralladoras y fusiles recortados de mejor factura y mayor capacidad de fuego. Se recomienda una mejora en la calidad de las armas, el trámite ante la SEDENA de los permisos de portación de armas, y en caso de que esto no fuera posible, ver el cambio en el perfil de los policías para crear un cuerpo civil de apoyo ciudadano, sin armas, pero con sofisticados medios de comunicación a su alcance para mantener una adecuada comunicación que coordina la prevención y la persecución del delito en la que los agentes funjan como apoyo dentro de una logística mayor en coordinación con la Policía del Estado.

El nivel de escolaridad del personal (policías) es de secundaria, además, al ser contratados no se les somete a ningún curso en la Academia de Policía, sólo eventualmente si así se solicita, no hay protocolos al respecto, lo que deja a la ciudadanía en riesgo ante gente con poca preparación que se asume con autoridad ante ellos, lo que llevaría fácilmente a abusos en el entorno de los Derechos Humanos. Se requiere una profunda política de profesionalización del personal de policía empezando por elevar el nivel de escolaridad del mismo, acorde con una mejora salarial. Todo lo anterior en beneficio de la ciudadanía. Se recomienda vincular el ingreso de policías con exámenes psicológicos que nos garantice que el personal está sano mentalmente y no es un psicópata que dañe a los ciudadanos, además de convenios de colaboración con institutos penales que los capacita antes de ingresar en ámbitos de atención ciudadana, además de acudir a una academia para su preparación en técnicas de detención y protocolos de comportamiento ante situaciones de emergencia, detenciones y otras 

En forma marginal, se atienden varios programas de prevención del delito que requieren ser reforzados con personal especializado y una programación adecuada con  los posibles usuarios de los mismos, con convenios de colaboración con la SEP, ONGs y otras organizaciones de corte ciudadano, para vincular estos programas con la sociedad civil e impulsar la participación ciudadana en el combate y prevención del delito

Las instalaciones de detención preventiva, son insuficientes, mal equipadas, sin espacios de privacidad para las necesidades biológicas básicas de los detenidos, con camas de cemento sin ningún tipo de cubierta y sin una separación adecuada entre hombres y mujeres, ni una policía femenina que atienda estas últimas, además de que las cámaras que vigilan estos espacios son manejadas por personal masculino, sin hacer distinción si los detenidos son hombres o mujeres, lo que a todas luces viola principios de género establecidos desde el ámbito de los Derechos Humanos, por lo que extraña que esta institución –la Comisión Estatal de Derechos Humanos-- no tenga observaciones al respecto, pues se informó de varias visitas  y de que la corporación no tiene recomendaciones pendientes hasta la fecha. Es de hacer mención que en la mayor parte del edificio de la institución hay aire acondicionado, por lo que extraña que en este espacio se carezca de él, lo que nos lleva a pensar que el calor –sobre todo en ciertas épocas—es un medio de tortura, por lo que debe ser remediado. Se recomienda construir nuevas instalaciones con recurso federal  disponibles que según el titular de la corporación existe y ha sido ofrecido,  pero no se han podido porque el ayuntamiento anterior no les proporcionó el terreno para su construcción. Es de urgencia atender este problema elemental para la propia existencia de la corporación. 

La atención de los detenidos proporcionándoles servicios de comunicación al momento de su detención no se observó, ni la provisión de papel, agua o alimentos, los que se reducen a la compra de tortas sin un comedor que se encargue en forma profesional de la elaboración de alimentos para los detenidos, con una dieta apropiada. Es de hacer notar que La Comisión Estatal de Derechos Humanos se conforma con la compra de tortas cuando se percató de esta anomalía, lo que nos extraña  por la insuficiencia de la medida.

En caso de detención de menores, no se tienen instalaciones adecuada ni protocolos de comportamiento o apoyo de personal especializado, contándose con un cuarto sin ventilación, sin sanitario ni aire acondicionado, o con las condiciones mínimas de permanencia en un entorno que no viole los Derechos de los Niños, por lo que también extraña la falta de observaciones de la antes mencionada Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Para la identificación de los detenidos no se cuenta con un sistema de huellas digitales, sólo un sistema de registro de nombres con conexión nacional, pero que por sí mismo, no cumple con los protocolos de una instalación policiaca moderna que pueda identificar con certidumbre a los mismos.

No tiene laboratorio para las pruebas requeridas en una detención, ni un espacio apropiado que resguarde los reactivos aplicados para la detección de drogas y alcohol, por lo que sus resultados iniciales no deberían tener validez jurídica para las detenciones, ya que existen protocolos para los mismos tanto en el orden nacional como en el internacional que deberían establecerse.

Existe un sistema de vigilancia por cámaras para la ciudad, mínimo que no alcanza a cubrir más allá de un mercado y una que otra calle, con equipos obsoletos en algunos casos y nuevos en otros, por lo que se requiere urgentemente una inversión y mejora en este rubro, dado que ha sido vital en otras regiones para la prevención del delito y una mejor vigilancia de la ciudad, es más, creo que es urgente crear un centro de control de vigilancia con cámaras que abarque toda el área bajo jurisdicción de la Policía Municipal, siendo ésta una inversión prioritaria para la protección de la ciudadanía.

Los espacios de trabajo son totalmente insuficientes, pequeños inadecuados y se observa un hacinamiento del personal, por ejemplo, el personal de policía no dispone de casilleros individuales, lo que provoca que sus pertenencias estén apiladas al aire libre ya que no hay un espacio de baños regaderas o sanitarios apropiado para el uso de los mismos, con baños insuficientes que despiden un olor fétido por el uso intensivo que se hace de ellos en relación a su tamaño.

Estas son sólo algunas de las observaciones que se pueden hacer. En general se requiere de todo un proceso de reingeniería e inversión a corto plazo mediante protocolos definidos por especialistas, para darle a esta institución y a la ciudadanía de un espacio digno que apoye en las labores de seguridad, atención prevención y persecución del delito, lo que a todas luces con las deficiencias actuales no sucede. En caso de que por diversos motivos esto no se pueda realizar, por problemas económicos o de estrategia y logística, se recomienda la desaparición de la corporación por lo delicado que sería que continuara operando en las  condiciones de funcionamiento actuales y los daños a que está expuesta la ciudadanía por delitos menores como problemas de tránsito, los daños a menores y la deficiente atención a las mujeres. El temor que pueda sentir la ciudadanía ante su ingreso a estas instalaciones está totalmente  justificado y debe ser atendido de inmediato por el ayuntamiento y sus nuevas autoridades.

Mérida Yucatán a 30 de  agosto de 2012