Discriminación y autoritarismo en la escuela en Yucatán
Ante los recientes hechos en varias comunidades del interior del Estado donde las comunidades han rechazado el autoritarismo de las autoridades educativas, priva la idea de que el modo autoritario de ejercer el poder propio de sistemas no democráticos heredados del viejo priismo está regresando de la mano de la cultura política de los funcionarios de varios niveles de la Secretaría de Educación, los cuales se expresaron en forma por demás racista cuando calificaron de ignorantes a los miembros de la comunidad de Espita negándole su derecho a tener una escuela acorde a su gusto y libre elección, con lo que se reproducen instancias de baja calidad y nula rendición de cuentas, pues los maestros y autoridades de la escuela no les responden por sus cargos a los miembros de la comunidad a que sirven.
Vincular a la escuela con la comunidad es la primera de las recomendaciones de los organismos internacionales como la OCDE y el Banco Mundial, para auspiciar una alta calidad en las instituciones educativas. La participación de los padres de familia dentro de la escuela vigilando la educación de sus hijos e interesándose en sus actividades y colaborando activamente para reducir las penurias económicas de la escuela pública, es una premisa a lograr que nos viene de las Cumbres Internacionales de Educación y que tenemos que acatar como país firmante de las mismas.
El hecho de que esta escuela esté dentro de los programas de calidad y haya ganado una distinción (como CAM distinguido) hace aun más delicado el asunto.
Estamos ante un retroceso claro de la educación al dejar al margen a la comunidad de padres cuando piden la permanencia de la directora del CAM 22, que tiene su confianza y estamos ante una falta a los Derechos Humanos de personas con capacidades diferentes, al no permitirles a sus padres optar por la escuela que desean, además de ser agredidos por las autoridades políticas locales.
En el fondo, se trata de un problema de dignidad, dignidad de los sectores oprimidos que aprendieron en su relación cotidiana con esta escuela en particular que la participación política es un derecho y ellos tienen el derecho de ejercerla mediante la resistencia civil, sin ser sujetos a agresiones por parte de la autoridad. Tienen el derecho a ser escuchados y atendidos, son el pueblo, del que según Sartori deriva la legitimidad de la acción de gobierno, legitimidad que comienza a estar en entredicho al dejar de ser escuchadas las justas peticiones de estas comunidades a las que históricamente no sólo les debemos respeto, les tenemos que pedir perdón por los años de discriminación a que fueron sujetas por gobiernos perversos que lucraron con una ignorancia propiciada por años de mala, deficiente y autoritaria educación, fruto de un indigno sistema político clientelar que le apostó a la sumisión mediante la educación para el control político a través de caciques y que no acaba de darse cuenta que esas épocas ya pasaron y que toda acción tendrá una reacción pública acorde a la violencia real o simbólica ejercida contra los más débiles, contra el pueblo.
Finalmente, creo que no está de más hacer un llamado a las más altas autoridades recordándoles que la autoridad moral forma hombres y la nominal forma siervos, hagan de su paso por las instituciones públicas, a la manera griega, un espacio para la inmortalidad y la excelencia –el Areté-- y no el recuerdo de la ignominia.
Dr. Armando Peraza Guzmán.
Miembro de Sociedad en Movimiento.
lunes, 18 de octubre de 2010
miércoles, 8 de septiembre de 2010
LA CORRUPCIÓN DESDE LA RELACIÓN ENTRE LO PÚBLICO Y LO PRIVADO
La distinción entre lo público y lo privado está en entredicho, dada la relación de intereses entre una empresa privada y funcionarios del gobierno actual. Esta relación, de comprobarse, asumiría una forma ya conocida de corrupción ya mencionada por Rousseau, cuando nos dice que el principal enemigo de una Nación es el individuo privado, ya que pone en todo momento sus intereses privados por encima de los intereses de la Voluntad General.
Por lo anterior, en los países democráticos se castiga esta relación de intereses económicos entre lo público y lo privado con la destitución, multas y hasta con cárcel, pues le causa un daño directo al interés público, y daña el patrimonio del Pueblo.
Aquí en México, de la mano de un federalismo imperfecto, lo que sigue prevaleciendo son los negocios particulares de la mano con los contratos públicos, de los que son beneficiarios estas empresas que siguen enriqueciendo a las élites gubernamentales que, bajo la figura del prestanombres, disimulan un espacio de interés común donde son juez y parte, auto-asignándose jugosos beneficios, costumbre que ha arraigado perfectamente en nuestro Estado, donde lo único que se ha democratizado es la inclusión de los sectores estatales en un espacio de corrupción, donde lo federal era preponderante.
La corrupción se combate con publicidad, con transparencia. Por eso en los regímenes corruptos, el enemigo son todos aquellos medios, individuos y asociaciones que hacen pública la descomposición política de un gobierno, publicitando sus acciones y exigiendo rendición de cuentas a los gobernantes de parte de los otros órdenes republicanos, que en un sistema de gobierno democrático, guardan un equilibrio que propicia una sana gobernación.
La embestida contra el reportero Hansel Vargas, está inscrita en este proceso de degradación política por el que avanza nuestro Estado, donde la desaparición de los límites entre lo público y lo privado dejan de existir al mezclarse con los intereses económicos de los grupos gobernantes, los que reaccionan ante la denuncia pública reprimiendo a aquellos que les incomodan desde una postura de cuasi legalidad, ya que los tres poderes, que por definición deberían mantener un sano equilibrio e independencia, en nuestro medio están en realidad bajo la tutela de los intereses de un grupo que, desde el Poder Ejecutivo, instrumenta la represión desde los espacios donde debería impartirse justicia.
Aristóteles ya lo dijo, la prudencia es una virtud que se cultiva desde el poder, ya que para los ciudadanos, en su relación con lo público, tener prudencia llevaría a la inmovilidad política y a la instauración de regímenes corruptos, de ahí que la primera garantía contra la opresión son los Derechos Humanos de Primera Generación, donde la “Libertad de Expresión” protege a los ciudadanos que denuncian la degradación de lo público como un estigma que degrada a la nación.
Autor: Armando Peraza Guzmán.
Por lo anterior, en los países democráticos se castiga esta relación de intereses económicos entre lo público y lo privado con la destitución, multas y hasta con cárcel, pues le causa un daño directo al interés público, y daña el patrimonio del Pueblo.
Aquí en México, de la mano de un federalismo imperfecto, lo que sigue prevaleciendo son los negocios particulares de la mano con los contratos públicos, de los que son beneficiarios estas empresas que siguen enriqueciendo a las élites gubernamentales que, bajo la figura del prestanombres, disimulan un espacio de interés común donde son juez y parte, auto-asignándose jugosos beneficios, costumbre que ha arraigado perfectamente en nuestro Estado, donde lo único que se ha democratizado es la inclusión de los sectores estatales en un espacio de corrupción, donde lo federal era preponderante.
La corrupción se combate con publicidad, con transparencia. Por eso en los regímenes corruptos, el enemigo son todos aquellos medios, individuos y asociaciones que hacen pública la descomposición política de un gobierno, publicitando sus acciones y exigiendo rendición de cuentas a los gobernantes de parte de los otros órdenes republicanos, que en un sistema de gobierno democrático, guardan un equilibrio que propicia una sana gobernación.
La embestida contra el reportero Hansel Vargas, está inscrita en este proceso de degradación política por el que avanza nuestro Estado, donde la desaparición de los límites entre lo público y lo privado dejan de existir al mezclarse con los intereses económicos de los grupos gobernantes, los que reaccionan ante la denuncia pública reprimiendo a aquellos que les incomodan desde una postura de cuasi legalidad, ya que los tres poderes, que por definición deberían mantener un sano equilibrio e independencia, en nuestro medio están en realidad bajo la tutela de los intereses de un grupo que, desde el Poder Ejecutivo, instrumenta la represión desde los espacios donde debería impartirse justicia.
Aristóteles ya lo dijo, la prudencia es una virtud que se cultiva desde el poder, ya que para los ciudadanos, en su relación con lo público, tener prudencia llevaría a la inmovilidad política y a la instauración de regímenes corruptos, de ahí que la primera garantía contra la opresión son los Derechos Humanos de Primera Generación, donde la “Libertad de Expresión” protege a los ciudadanos que denuncian la degradación de lo público como un estigma que degrada a la nación.
Autor: Armando Peraza Guzmán.
lunes, 28 de septiembre de 2009
viernes, 3 de abril de 2009
LA EDUCACIÓN MORAL EN KOHLBERG, COMO FUNDAMENTO DE JUSTICIA Y DEMOCRACIA
La idea de la investigación está sustentada en el concepto del currículum oculto, el cual nos viene de la Sociología de la Educación, ámbito en el que se apoya Kohlberg para hacer su propuesta de educación moral basada en el pensamiento de Kant, y no como un modelo libertario, sino como uno basado en la responsabilidad o la autodisciplina, la cual para formarse requiere de un ambiente específico dentro del contexto escolar , como Ya Durkheim lo había explicitado cuando señalaba que el profesor puede tornar las aburridas rutinas de la disciplina en el aula que y conferirles significado moral al tratar el aula como una pequeña sociedad con sus propias reglas, obligaciones y su sentido de la cohesión social.
Koglberg se identifica con Durkheim al referir que las escuelas no pueden librarse de la autoridad en las aulas porque las sociedades dependen de las escuelas para que socialicen a los niños inculcándoles el sentido de la vinculación y la obligación, y asume que el problema del currículum oculto no es el problema, el problema es que esté oculto. En este sentido, y siguiendo a Power cuando afirma que tenemos que poner en vigencia y publicidad las normas de conducta cotidiana abriendo el proceso disciplinario ocupándose de los modos en que se hacen y se ponen en vigencia las normas de conducta cotidiana, porque son esas reglas las que definen la atmosfera moral de una institución.
Lo que busca Kohlberg es transformar el currículum oculto en un currículum de justicia incluyendo la discusión moral de las normas, los reglamentos y las relaciones sociales que definen el proceso de enseñanza. “extender las discusiones de la justicia en el aula a la vida real es tratar cuestiones de justicia, entonces, requiere hacer escuelas más justas, y alentar a los estudiantes a adoptar un rol activo para hacer más justa la escuela” (Kohlberg). El mismo autor agrega hablando de la democracia como un valor en la educación que “la noción de democracia educacional es aquella en que la justicia entre el profesor y el alumno significa participar en una comunidad en que se toman decisiones axiológicas en forma compartida y equitativa”.
Entonces para Kohlberg , la democracia educacional se sitúa en “escuelas en las que cada uno tiene una voz formalmente igual para establecer las reglas y en las que la validez de las reglas es juzgada por su justicia respecto delos intereses de todos los participantes. Si el mejor aprendizaje es el que se aprende haciendo, entonces los estudiantes deben aprender mejor la justicia no sólo al discutir sus demandas en abstracto, sino también al actuar según sus demandas en el aquí y el ahora de la jornada escolar”.
Insertos en una reforma educativa que potencia como primarias las competencias de la ciudadanía y que integrar las normas morales para su manejo autónomo como individuos libres e iguales, es imprescindible incidir en el clima escolar mediante la educación moral para estructurar la “real” posibilidad de construir ciudadanos aptos para la nueva Sociedad del Conocimiento que se nos viene encima y ante la cual nuestro adolescentes estarán inermes, sin una formación acorde con los nuevos tiempos, educación moral que tiene además el mérito de ser una precondición para la adquisición dela cognición, como el propio Kohlberg ha demostrado.
Koglberg se identifica con Durkheim al referir que las escuelas no pueden librarse de la autoridad en las aulas porque las sociedades dependen de las escuelas para que socialicen a los niños inculcándoles el sentido de la vinculación y la obligación, y asume que el problema del currículum oculto no es el problema, el problema es que esté oculto. En este sentido, y siguiendo a Power cuando afirma que tenemos que poner en vigencia y publicidad las normas de conducta cotidiana abriendo el proceso disciplinario ocupándose de los modos en que se hacen y se ponen en vigencia las normas de conducta cotidiana, porque son esas reglas las que definen la atmosfera moral de una institución.
Lo que busca Kohlberg es transformar el currículum oculto en un currículum de justicia incluyendo la discusión moral de las normas, los reglamentos y las relaciones sociales que definen el proceso de enseñanza. “extender las discusiones de la justicia en el aula a la vida real es tratar cuestiones de justicia, entonces, requiere hacer escuelas más justas, y alentar a los estudiantes a adoptar un rol activo para hacer más justa la escuela” (Kohlberg). El mismo autor agrega hablando de la democracia como un valor en la educación que “la noción de democracia educacional es aquella en que la justicia entre el profesor y el alumno significa participar en una comunidad en que se toman decisiones axiológicas en forma compartida y equitativa”.
Entonces para Kohlberg , la democracia educacional se sitúa en “escuelas en las que cada uno tiene una voz formalmente igual para establecer las reglas y en las que la validez de las reglas es juzgada por su justicia respecto delos intereses de todos los participantes. Si el mejor aprendizaje es el que se aprende haciendo, entonces los estudiantes deben aprender mejor la justicia no sólo al discutir sus demandas en abstracto, sino también al actuar según sus demandas en el aquí y el ahora de la jornada escolar”.
Insertos en una reforma educativa que potencia como primarias las competencias de la ciudadanía y que integrar las normas morales para su manejo autónomo como individuos libres e iguales, es imprescindible incidir en el clima escolar mediante la educación moral para estructurar la “real” posibilidad de construir ciudadanos aptos para la nueva Sociedad del Conocimiento que se nos viene encima y ante la cual nuestro adolescentes estarán inermes, sin una formación acorde con los nuevos tiempos, educación moral que tiene además el mérito de ser una precondición para la adquisición dela cognición, como el propio Kohlberg ha demostrado.
lunes, 30 de marzo de 2009
Propuestas para la revaloración social del PAN en Yucatán
PROPUESTA PARA EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
Esta propuesta nace de una invitación de la Doctora Gina Villagómez, para participar críticamente, como miembro de la sociedad civil, a un foro de crítica constructiva al PAN dentro de un proyecto para el mejoramiento de los partidos políticos en el medio peninsular, dada su virtual y real descomposición tanto a nivel nacional como local.
El PAN es un partido que nace con una ideología liberal vinculada al pensamiento de gente como Gómez Morín, partido que hizo de la democracia republicana y el libre mercado, en un contexto de responsabilidad social, su bandera durante los años que fue oposición. Fue crítico acérrimo del corporativismo clientelar mexicano creado por el Presidente Obregón y perfeccionado por el Presidente Cárdenas y abogó siempre por la fundación de la libertad como premisa de Estado.
Desgraciadamente, el PAN, una vez que llegó al poder, pasó de la fundación de la libertad a esgrimir la bandera de la honestidad, como si este sólo atributo fuera suficiente para fundar un nuevo Estado y gobierno, olvidando su propio proyecto, el que pasaba por el desmantelamiento del viejo estado corporativo priista.
Ha gobernado montado en las viejas lacras políticas de gobiernos anteriores, asumiendo las ventajas del viejo estado corporativo existente, administrándolo y reestructurando las viejas alianzas con los grupos más atrasados y corruptos dela sociedad --como las viejas agrupaciones de camioneros--, y cuando esto no fue posible, creó los propios, para competir desde ese mismo espacio de control con los ya existentes, verbigracia, los nuevos grupos de taxistas creados por el anterior gobierno.
Se ha dedicado a administrar las viejas formas de corrupción ya existentes y a sacar provecho de ellas, modernizando sueldos, pero restringiendo la rendición de cuentas o los espacios de gobernanza, los que ni siquiera entiende bien a bien en que consisten.
Sin embargo, lo más delicado de todo, ha asumido que no existe diferencia entre la función política y la administrativa –la doble y diferenciada función política-- y que los viejos ´y nuevos cuadros políticos que rodeaban a los dirigentes en turno eran suficientes para dirigir un gobierno que por su tamaño y complejidad, actualmente requiere de cuadros profesionales que el partido ni ha formado ni ha incorporado.
La función política debe estar conducida por cuadros profesionales que se han formado, no en el servicio público, sino en la lucha histórica por los puestos de elección popular ,desde donde han estructurado alianzas que les han permitido acceder a puestos de representación, alianzas reconocidas por los representados, de los cuales son parte y a los cuales sirven dentro del partido, --no sirven al partido abusando de una representación de la que reniegan cotidianamente al aceptar la línea de la dirigencia--.
La función pública en cambio, debe estar dirigida por cuadros profesionales surgidos de la academia y de la brega en el mundo de la administración pública donde montados en la discusión pública de sus ideas sobre las formas de gobierno en el claustro, los libros y artículos diversos, han dado fe ideas innovadoras que deben ser incorporadas como proyecto de gobierno, ideas que respaldan con un prestigio que los acompaña—no es suficiente ser un profesionista, hay que analizar y proponer, polemizar y disentir, tener prestigio público y ser una opinión respetada en su medio de formación y de opinión-- .
Prescindir de los primeros –los políticos profesionales con representación "auténtica" y las organizaciones ciudadanas de prestigio (ONGs auténticas)--, es prescindir de la nación, de los ciudadanos y de sus organizaciones; es gobernar en provecho de los intereses privados que compran al partido y lo usufructúan en forma privada, como es notorio y público en la ejecución del presupuesto “público”--esta notoriedad se la da la falta de leyes que castiguen adecuadamente este vicio público en México, por lo que puede ser exibido sin ambagues ni consecuencias jurídicas como es el caso notorio del tráfico de influencias de varios senadores del partido Acción Nacional--.
Prescindir de los segundos –los cuadros con prestigio profesional debidamente evidenciados en el ámbito de la administración pública--, es prescindir de la inteligencia y la gobernanza, es caer en la mediocridad dela escasez de ideas y el continuismo que ha sido la marca de la casa en los últimos tiempos.
La realidad es el mejor ejemplo, Obama ganó con un cuadro de profesionales y políticos versados en el asunto y con amplia experiencia y un destacado currículum profesional, su gabinete está siendo formado con expertos ya probados en administraciones demócratas anteriores y por destacados miembros de la academia que a su vez son líderes en el campo del conocimiento en el que son invitados a participar desde el ámbito gubernamental. Los nombramientos además son sometidos al escrutinio público y a exámenes públicos desde el Congreso, propuesta que el PAN debería impulsar para nuestra realidad y para que los ciudadanos tengan certidumbre en los nombramientos de las personas que habrán de acompañar al poder gobernante, que hagan públicas sus ideas, que demuestren que tienen proyectos y que los publiciten antes de acceder al cargo, que se establezcan, desde el Congreso, las evidencias necesarias para garantizarle a la ciudadanía la capacidad del funcionario en turno.
Siendo reiterativo, expongo a continuación las ideas clave de mi propuesta:
· Se debe reestructurar la representatividad de los candidatos a los puestos de elección popular, buscando que éstos surjan de propuestas ciudadanas (ONGs) lo que restablecería el prestigio del partido y lo vincularía funcionalmente con los grupos atentos de ciudadanos.
· Se debe profesionalizar la elección de los altos puestos gubernamentales, escogiendo en función del prestigio profesional y la riqueza de ideas, dejando de lado la corrupta idea de que los altos puestos son para disfrute de los amigos, lo que es indudablemente un acto de corrupción.
· Se debe proponer al Congreso el examen público encabezado por las comisiones respectivas de los funcionarios que son cabeza de la Administración Pública, para que los ciudadanos tengamos una idea clara sobre los alcances y las propuestas de éstos, además de impulsar la rendición de cuentas (con datos duros)con una comparecencia a mitad de su periodo con la oportunidad de ser inhabilitado ante la omisión de las promesas ante los representantes populares, lo que configuraría el delito político de la mendacidad.
ATENTAMENTE:
Armando Peraza
miércoles, 10 de diciembre de 2008
Gobernanza y gobernación
Participación ciudadana y políticas públicas en el rescate delos centros históricos
No se puede organizar el mundo del siglo XXI con una organización del siglo XX.
Nicolas Zarkozy
Autor: Mtro Armando Peraza Guzmán
OBJETIVO
Modernizar el funcionamiento jurídico-administrativo de la administración pública local para impulsar el mejoramiento del Centro Histórico de la Ciudad de Mérida, mediante la creación de un espacio público que legitime la participación del estado, el mercado y la sociedad civil dentro del nuevo modelo de gestión pública o gobernanza.
El problema de la preservación de los centros históricos en México está relacionado con la misma formación histórica del estado –nacionalismo mexicano--. No hay que olvidar que la sociedad mexicana fue organizada por el General Cárdenas a partir de la creación del PRM (Partido Revolucionario Mexicano antecesor del PRI), el cual integró a los llamados sectores sociales (popular, obrero y campesino) al partido y dejó fuera del mismo, al mercado (empresarios e industriales) a los que cooptó mediante su inclusión obligatoria en cámaras, mediante las que se volvían interlocutores válidos y legítimos del propio estado y podían ser beneficiarios directos del presupuesto público.
Esta forma de organización política lleva el nombre, dentro algunas corrientes teóricas de las ciencias políticas, de Estado Bonapartista y se caracteriza por un estado sumamente fuerte y una sociedad débil en sus inicios, lo que le permite al estado organizar a la sociedad según sus propios intereses, los que, por definición, considera como intereses de la sociedad en su conjunto, delimitando una forma pura de dominación autoritaria típica de los estados latinoamericanos.
En México esta forma de estado llegó a su culminación y cénit durante el gobierno del Presidente Echeverría, gobierno que también marcó el inicio del fin de este modelo en nuestro país.
Es durante este gobierno que se publica la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos Artísticos e históricos, la cual marca claramente el control estatal sobre la declaración, uso, manejo, traslado, conservación o cualesquiera sean las acciones a realizar en torno a los denominados monumentos históricos, y por ende a la definición de las políticas públicas para su manejo.
Esta ley que haría las delicias de todo aquel que añore el pasado controlador y mesiánico del estado benefactor, tendrá que estar de acuerdo en los pobres resultados que ha tenido en cuanto a la conservación de nuestro patrimonio histórico, pero se contentará con echarle la culpa a la corrupción imperante en el medio político y exigirá la acción flamígera del estado para castigar a los causantes de la desaparición y deterioro de nuestro patrimonio.
La acción pedida siempre será a posteriori y el daño causado, en la mayoría de los casos, será irreparable, podemos por tanto decir sin temor a equivocarnos que en la práctica, la estructura de la citada ley es inoperante e insuficiente, tanto por causas presupuestales, de declaración del monumento mentado, de falta de planeación coordinación u otras causas.
A partir del advenimiento de los llamados gobiernos neoliberales en México (De la Madrid y Salinas) es que la moneda se carga del lado contrario y se decide, acorde a los lineamientos del Consenso de Washington, que es mejor que la iniciativa privada se haga cargo del uso y preservación de este patrimonio.
A pesar de que la opinión pública arraigada las más de las veces en el ya obsoleto Nacionalismo Mexicano hace imposible el cambio jurídico para el uso comercial de los monumentos históricos, por inacción y debilidad presupuestal se actúa de facto, en el entendido que el mercado se autorregula y el sentido nacionalista del empresario mexicano aunado a su pasión por los negocios en un entorno de auge turístico, serán suficientes para, no sólo la preservación de nuestros centros históricos, sino también para su aprovechamiento comercial, espacio de donde saldrá el anhelado presupuesto para su restauración y conservación.
El costo de estas políticas neoliberales ha sido alto, ya que en la mayoría de los casos se ha privilegiado el orden comercial sobre el cultural (el ejemplo del Casino de la Selva o el uso salvaje de las Pirámides de Teotihuacan son sólo algunos de lo ejemplo de que podemos echar mano), por lo que la pérdida de nuestro patrimonio ha continuado y Mérida es sólo uno más de los casos lamentables de este tipo de políticas depredadoras.
La acción unilateral del estado o del mercado han sido totalmente ineficientes, y no han detenido ni impulsado la conservación y el uso de nuestros monumentos, su pérdida continúa, por lo es permisible abogar por encontrar nuevos caminos para la preservación y cuidado de nuestros monumentos históricos, dentro de un todo orgánico que sería la organización ciudadano-representativa de los Centros Históricos de los diversos estados de la república.
Un breve repaso sobre el tema de gobernanza nos permitirá aclarar este punto de vista y nos permitirá una reflexión sobre el papel de organismos que, como el Patronato del Centro Histórico de Mérida, tienen para el diseño, operación, planeación e implementación de acciones efectivas (eficientes y eficaces) para el rescate de nuestro patrimonio cultural.
Dentro de la ciencia de la Administración Pública actual, también denominada Nueva Gestión Pública (NGP), se han encontrado soluciones diversas en su multiplicidad, pero similares en su acción, donde la acción del mercado y el estado ha sido mediada por la sociedad civil entendida por los organismos representativos de la misma (ONGs) que autoorganizándose intervienen para mediar entre estos dos grandes adversarios, logrando una acción armónica cuando su mediación logra desarticularse de los intentos de cooptación del propio estado o de empresas que por su poderío económica tiendan a su control.
La idea del concepto gobernanza/gobernación, en las democracias tradicionales ha sido entendida tradicionalmente como la acción de dirigir mediante un sistema burocrático a un país o estado basándose en la idea de la representación de la mayoría, la que está legitimada mediante un proceso electoral donde es designado el responsable político de llevar a cabo las promesas que el Partido Político triunfador, en voz de su candidato, ha propuesto para bien de la república y el pueblo.
Esta idea ha quedado obsoleta por su propia inoperancia y ha sido rebasada por la realidad democrática en que vivimos, ya que actualmente se reconoce que es imposible que acciones unipersonales y verticales –jerárquicas— sean efectivas –políticamente hablando—ya sea en un sistema de gobierno presidencialista o parlamentario, aun con el auxilio de un cuerpo burocrático especializado y profesional.
La forma que asume la Administración Pública en un gobierno democrático pero con sistemas burocráticos tradicionales, ha resultado en acciones de gobierno cada vez menos satisfactorias para la mayor parte de los países que aun no transitan a formas contemporáneas de organización administrativa – nuestro estado, país y casi todos los países de América Latina para nuestro caso— ; acciones por tanto ilegítimas—que en el corto plazo –un periodo de gobierno las más de las veces— generan el relevo constante del Partido Político gobernante durante cada proceso electoral, como es el caso ya paradigmático del estado de Yucatán.
No en balde el término “gobernanza” ha sido redefinido a partir de 2001 por el Diccionario de la Real Academia de la Lengua substituyendo la antigua definición de ”acción y efecto de gobernar o gobernarse” por el “arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado , la sociedad civil y el mercado de la economía” (L. Aguilar 2007), o como nos dice otra vez el propio L.Aguilar, “el problema consiste en que el gobierno democrático acredite ser un agente capaz de dirección, coordinación y articulación de la sociedad con resultados relevantes”.
En el nuevo entorno democrático, es más importante para la democracia la acción “gobernación/gobernanza” que la cuestión electoral de la elección de gobernantes, por lo que para definir a un gobierno como democrático es menester fijarse en la forma como gobierna más que por la forma en que llegó al poder.
Es de predecir que si en nuestro estado, el actual gobierno no utiliza el enfoque de “gobernanza”, las posibilidades de que los proyectos y los presupuestos para el mejoramiento del Centro Histórico caigan en saco roto y se pierdan en el mejor de los casos por ineficiencia y en el peor por corrupción, lo que a la larga deteriorará la imagen que del gobierno actual tienen los ciudadanos atentos en el tema que nos compete.
Es por lo anterior que:
para recuperar la capacidad administrativa de la Administración Pública es necesario que las estructuras administrativas incorporen nuevas formas organizativas y nuevos métodos gerenciales a fin de que los gobiernos den sentido de dirección a sus comunidades y aseguren a partir de la triada economía-eficacia-eficiencia, la calidad en la provisión de los bienes y servicios públicos, pero sobre todo, aseguren que la acción de gobierno en administración tenga como propósito y resultado la creación de valor (público) en los activos de sus comunidades, sea porque desarrollan éstas la capacidad de gestión de los ciudadanos (particularmente entre los pobres y vulnerables) o porque incrementen la utilidad general de la comunidad –el caso del mejoramiento del Centro Histórico de Mérida es paradigmático (N del A)-- haciendo necesario introducir en la nueva administración pública esquemas de organización que empleen métodos avanzados de gestión financiera, dirección estratégica, administración de la calidad entendida como control, aseguramiento, mejora continua y certificación, gestión de desempeño y rediseño de procesos, gestión del conocimiento, fórmulas alternativas de control interno, presupuesto por resultados. Todo esto mediante exigencias de profesionalización del personal público (no necesariamente mediante el servicio civil de carrera que puede ser contraproducente para nuestro caso), la incorporación del gobierno electrónico haciendo énfasis en la formulación y observancia de códigos de ética pública (L. Aguilar)
Por el lado del Patronato, que es parte de la sociedad civil, y del mercado, los empresarios --que de manera eficiente ha colaborado hasta ahora con el mismo, al darles certidumbre en el uso de los recursos aportados, además de hacerles ver la utilidad comercial del proyecto--, el nuevo proceso de gestión público requiere de la creación del espacio público, es decir, la modificación jurídica de la manera en que se relaciona la actual administración gubernamental con los actores ciudadanos –académicos, publico atento y empresarios--, abriendo espacios –con garantía jurídica de participación — para la gestión pública en áreas estratégicas que le permitan, no sólo la coadyuvancia, sino el manejo directo de recursos –públicos— en torno a problemas y proyectos consensualmente definidos como políticas públicas a seguir, que sean abordados con expectativas de alta calidad en su operación --que para el caso del Patronato, sólo su probada independencia le puede dar-- abocadas directamente a acciones de gobierno en el ramo de la cultura y la preservación de nuestro patrimonio histórico.
Requerimos entonces, en primer lugar y como propuesta específica para este foro, la creación de espacios jurídicos que permitan la operación del modelo de la Nueva Gestión Pública (NGP) en el ámbito de la preservación del Centro Histórico de la Ciudad de Mérida, y la implementación de un proyecto estratégico de gobernanza en el que el gobierno “sea un agente integrante del proceso de gobernación, empotrado en el proceso, con un papel significativo y hasta decisivo en determinadas materias, pero que deje de ser el actor directivo único, y ya no trascienda ni domine la dinámica de la sociedad en todos los asuntos de su interés” (L.Aguilar).
Es decir, pasar de ser un gobierno jerárquico y vertical de poder a uno asociativo y coordinador.
Recapitulando, la idea sería la de propiciar la participación de organismos civiles en proyectos culturales para la preservación de nuestro centro histórico, para beneficio de la comunidad, que incentiven los principios de la NGP mediante proyectos de corte estratégico surgidos de la ciudadanía a instancias iniciales del sector gubernamental, del ciudadano o del empresarial, con sentido claramente sustentable, donde paulatinamente el papel gubernamental se vaya reduciendo para dejarle espacios a la sociedad civil y al mercado, en el entendido que la reducción del gobierno no es para dejar de ser, es para adquirir un nuevo papel, ser el líder de una nueva gestión gubernamental con claro sentido social, republicano y democrático.
No se puede organizar el mundo del siglo XXI con una organización del siglo XX.
Nicolas Zarkozy
Autor: Mtro Armando Peraza Guzmán
OBJETIVO
Modernizar el funcionamiento jurídico-administrativo de la administración pública local para impulsar el mejoramiento del Centro Histórico de la Ciudad de Mérida, mediante la creación de un espacio público que legitime la participación del estado, el mercado y la sociedad civil dentro del nuevo modelo de gestión pública o gobernanza.
El problema de la preservación de los centros históricos en México está relacionado con la misma formación histórica del estado –nacionalismo mexicano--. No hay que olvidar que la sociedad mexicana fue organizada por el General Cárdenas a partir de la creación del PRM (Partido Revolucionario Mexicano antecesor del PRI), el cual integró a los llamados sectores sociales (popular, obrero y campesino) al partido y dejó fuera del mismo, al mercado (empresarios e industriales) a los que cooptó mediante su inclusión obligatoria en cámaras, mediante las que se volvían interlocutores válidos y legítimos del propio estado y podían ser beneficiarios directos del presupuesto público.
Esta forma de organización política lleva el nombre, dentro algunas corrientes teóricas de las ciencias políticas, de Estado Bonapartista y se caracteriza por un estado sumamente fuerte y una sociedad débil en sus inicios, lo que le permite al estado organizar a la sociedad según sus propios intereses, los que, por definición, considera como intereses de la sociedad en su conjunto, delimitando una forma pura de dominación autoritaria típica de los estados latinoamericanos.
En México esta forma de estado llegó a su culminación y cénit durante el gobierno del Presidente Echeverría, gobierno que también marcó el inicio del fin de este modelo en nuestro país.
Es durante este gobierno que se publica la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos Artísticos e históricos, la cual marca claramente el control estatal sobre la declaración, uso, manejo, traslado, conservación o cualesquiera sean las acciones a realizar en torno a los denominados monumentos históricos, y por ende a la definición de las políticas públicas para su manejo.
Esta ley que haría las delicias de todo aquel que añore el pasado controlador y mesiánico del estado benefactor, tendrá que estar de acuerdo en los pobres resultados que ha tenido en cuanto a la conservación de nuestro patrimonio histórico, pero se contentará con echarle la culpa a la corrupción imperante en el medio político y exigirá la acción flamígera del estado para castigar a los causantes de la desaparición y deterioro de nuestro patrimonio.
La acción pedida siempre será a posteriori y el daño causado, en la mayoría de los casos, será irreparable, podemos por tanto decir sin temor a equivocarnos que en la práctica, la estructura de la citada ley es inoperante e insuficiente, tanto por causas presupuestales, de declaración del monumento mentado, de falta de planeación coordinación u otras causas.
A partir del advenimiento de los llamados gobiernos neoliberales en México (De la Madrid y Salinas) es que la moneda se carga del lado contrario y se decide, acorde a los lineamientos del Consenso de Washington, que es mejor que la iniciativa privada se haga cargo del uso y preservación de este patrimonio.
A pesar de que la opinión pública arraigada las más de las veces en el ya obsoleto Nacionalismo Mexicano hace imposible el cambio jurídico para el uso comercial de los monumentos históricos, por inacción y debilidad presupuestal se actúa de facto, en el entendido que el mercado se autorregula y el sentido nacionalista del empresario mexicano aunado a su pasión por los negocios en un entorno de auge turístico, serán suficientes para, no sólo la preservación de nuestros centros históricos, sino también para su aprovechamiento comercial, espacio de donde saldrá el anhelado presupuesto para su restauración y conservación.
El costo de estas políticas neoliberales ha sido alto, ya que en la mayoría de los casos se ha privilegiado el orden comercial sobre el cultural (el ejemplo del Casino de la Selva o el uso salvaje de las Pirámides de Teotihuacan son sólo algunos de lo ejemplo de que podemos echar mano), por lo que la pérdida de nuestro patrimonio ha continuado y Mérida es sólo uno más de los casos lamentables de este tipo de políticas depredadoras.
La acción unilateral del estado o del mercado han sido totalmente ineficientes, y no han detenido ni impulsado la conservación y el uso de nuestros monumentos, su pérdida continúa, por lo es permisible abogar por encontrar nuevos caminos para la preservación y cuidado de nuestros monumentos históricos, dentro de un todo orgánico que sería la organización ciudadano-representativa de los Centros Históricos de los diversos estados de la república.
Un breve repaso sobre el tema de gobernanza nos permitirá aclarar este punto de vista y nos permitirá una reflexión sobre el papel de organismos que, como el Patronato del Centro Histórico de Mérida, tienen para el diseño, operación, planeación e implementación de acciones efectivas (eficientes y eficaces) para el rescate de nuestro patrimonio cultural.
Dentro de la ciencia de la Administración Pública actual, también denominada Nueva Gestión Pública (NGP), se han encontrado soluciones diversas en su multiplicidad, pero similares en su acción, donde la acción del mercado y el estado ha sido mediada por la sociedad civil entendida por los organismos representativos de la misma (ONGs) que autoorganizándose intervienen para mediar entre estos dos grandes adversarios, logrando una acción armónica cuando su mediación logra desarticularse de los intentos de cooptación del propio estado o de empresas que por su poderío económica tiendan a su control.
La idea del concepto gobernanza/gobernación, en las democracias tradicionales ha sido entendida tradicionalmente como la acción de dirigir mediante un sistema burocrático a un país o estado basándose en la idea de la representación de la mayoría, la que está legitimada mediante un proceso electoral donde es designado el responsable político de llevar a cabo las promesas que el Partido Político triunfador, en voz de su candidato, ha propuesto para bien de la república y el pueblo.
Esta idea ha quedado obsoleta por su propia inoperancia y ha sido rebasada por la realidad democrática en que vivimos, ya que actualmente se reconoce que es imposible que acciones unipersonales y verticales –jerárquicas— sean efectivas –políticamente hablando—ya sea en un sistema de gobierno presidencialista o parlamentario, aun con el auxilio de un cuerpo burocrático especializado y profesional.
La forma que asume la Administración Pública en un gobierno democrático pero con sistemas burocráticos tradicionales, ha resultado en acciones de gobierno cada vez menos satisfactorias para la mayor parte de los países que aun no transitan a formas contemporáneas de organización administrativa – nuestro estado, país y casi todos los países de América Latina para nuestro caso— ; acciones por tanto ilegítimas—que en el corto plazo –un periodo de gobierno las más de las veces— generan el relevo constante del Partido Político gobernante durante cada proceso electoral, como es el caso ya paradigmático del estado de Yucatán.
No en balde el término “gobernanza” ha sido redefinido a partir de 2001 por el Diccionario de la Real Academia de la Lengua substituyendo la antigua definición de ”acción y efecto de gobernar o gobernarse” por el “arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado , la sociedad civil y el mercado de la economía” (L. Aguilar 2007), o como nos dice otra vez el propio L.Aguilar, “el problema consiste en que el gobierno democrático acredite ser un agente capaz de dirección, coordinación y articulación de la sociedad con resultados relevantes”.
En el nuevo entorno democrático, es más importante para la democracia la acción “gobernación/gobernanza” que la cuestión electoral de la elección de gobernantes, por lo que para definir a un gobierno como democrático es menester fijarse en la forma como gobierna más que por la forma en que llegó al poder.
Es de predecir que si en nuestro estado, el actual gobierno no utiliza el enfoque de “gobernanza”, las posibilidades de que los proyectos y los presupuestos para el mejoramiento del Centro Histórico caigan en saco roto y se pierdan en el mejor de los casos por ineficiencia y en el peor por corrupción, lo que a la larga deteriorará la imagen que del gobierno actual tienen los ciudadanos atentos en el tema que nos compete.
Es por lo anterior que:
para recuperar la capacidad administrativa de la Administración Pública es necesario que las estructuras administrativas incorporen nuevas formas organizativas y nuevos métodos gerenciales a fin de que los gobiernos den sentido de dirección a sus comunidades y aseguren a partir de la triada economía-eficacia-eficiencia, la calidad en la provisión de los bienes y servicios públicos, pero sobre todo, aseguren que la acción de gobierno en administración tenga como propósito y resultado la creación de valor (público) en los activos de sus comunidades, sea porque desarrollan éstas la capacidad de gestión de los ciudadanos (particularmente entre los pobres y vulnerables) o porque incrementen la utilidad general de la comunidad –el caso del mejoramiento del Centro Histórico de Mérida es paradigmático (N del A)-- haciendo necesario introducir en la nueva administración pública esquemas de organización que empleen métodos avanzados de gestión financiera, dirección estratégica, administración de la calidad entendida como control, aseguramiento, mejora continua y certificación, gestión de desempeño y rediseño de procesos, gestión del conocimiento, fórmulas alternativas de control interno, presupuesto por resultados. Todo esto mediante exigencias de profesionalización del personal público (no necesariamente mediante el servicio civil de carrera que puede ser contraproducente para nuestro caso), la incorporación del gobierno electrónico haciendo énfasis en la formulación y observancia de códigos de ética pública (L. Aguilar)
Por el lado del Patronato, que es parte de la sociedad civil, y del mercado, los empresarios --que de manera eficiente ha colaborado hasta ahora con el mismo, al darles certidumbre en el uso de los recursos aportados, además de hacerles ver la utilidad comercial del proyecto--, el nuevo proceso de gestión público requiere de la creación del espacio público, es decir, la modificación jurídica de la manera en que se relaciona la actual administración gubernamental con los actores ciudadanos –académicos, publico atento y empresarios--, abriendo espacios –con garantía jurídica de participación — para la gestión pública en áreas estratégicas que le permitan, no sólo la coadyuvancia, sino el manejo directo de recursos –públicos— en torno a problemas y proyectos consensualmente definidos como políticas públicas a seguir, que sean abordados con expectativas de alta calidad en su operación --que para el caso del Patronato, sólo su probada independencia le puede dar-- abocadas directamente a acciones de gobierno en el ramo de la cultura y la preservación de nuestro patrimonio histórico.
Requerimos entonces, en primer lugar y como propuesta específica para este foro, la creación de espacios jurídicos que permitan la operación del modelo de la Nueva Gestión Pública (NGP) en el ámbito de la preservación del Centro Histórico de la Ciudad de Mérida, y la implementación de un proyecto estratégico de gobernanza en el que el gobierno “sea un agente integrante del proceso de gobernación, empotrado en el proceso, con un papel significativo y hasta decisivo en determinadas materias, pero que deje de ser el actor directivo único, y ya no trascienda ni domine la dinámica de la sociedad en todos los asuntos de su interés” (L.Aguilar).
Es decir, pasar de ser un gobierno jerárquico y vertical de poder a uno asociativo y coordinador.
Recapitulando, la idea sería la de propiciar la participación de organismos civiles en proyectos culturales para la preservación de nuestro centro histórico, para beneficio de la comunidad, que incentiven los principios de la NGP mediante proyectos de corte estratégico surgidos de la ciudadanía a instancias iniciales del sector gubernamental, del ciudadano o del empresarial, con sentido claramente sustentable, donde paulatinamente el papel gubernamental se vaya reduciendo para dejarle espacios a la sociedad civil y al mercado, en el entendido que la reducción del gobierno no es para dejar de ser, es para adquirir un nuevo papel, ser el líder de una nueva gestión gubernamental con claro sentido social, republicano y democrático.
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