Participación ciudadana y políticas públicas en el rescate delos centros históricos
No se puede organizar el mundo del siglo XXI con una organización del siglo XX.
Nicolas Zarkozy
Autor: Mtro Armando Peraza Guzmán
OBJETIVO
Modernizar el funcionamiento jurídico-administrativo de la administración pública local para impulsar el mejoramiento del Centro Histórico de la Ciudad de Mérida, mediante la creación de un espacio público que legitime la participación del estado, el mercado y la sociedad civil dentro del nuevo modelo de gestión pública o gobernanza.
El problema de la preservación de los centros históricos en México está relacionado con la misma formación histórica del estado –nacionalismo mexicano--. No hay que olvidar que la sociedad mexicana fue organizada por el General Cárdenas a partir de la creación del PRM (Partido Revolucionario Mexicano antecesor del PRI), el cual integró a los llamados sectores sociales (popular, obrero y campesino) al partido y dejó fuera del mismo, al mercado (empresarios e industriales) a los que cooptó mediante su inclusión obligatoria en cámaras, mediante las que se volvían interlocutores válidos y legítimos del propio estado y podían ser beneficiarios directos del presupuesto público.
Esta forma de organización política lleva el nombre, dentro algunas corrientes teóricas de las ciencias políticas, de Estado Bonapartista y se caracteriza por un estado sumamente fuerte y una sociedad débil en sus inicios, lo que le permite al estado organizar a la sociedad según sus propios intereses, los que, por definición, considera como intereses de la sociedad en su conjunto, delimitando una forma pura de dominación autoritaria típica de los estados latinoamericanos.
En México esta forma de estado llegó a su culminación y cénit durante el gobierno del Presidente Echeverría, gobierno que también marcó el inicio del fin de este modelo en nuestro país.
Es durante este gobierno que se publica la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos Artísticos e históricos, la cual marca claramente el control estatal sobre la declaración, uso, manejo, traslado, conservación o cualesquiera sean las acciones a realizar en torno a los denominados monumentos históricos, y por ende a la definición de las políticas públicas para su manejo.
Esta ley que haría las delicias de todo aquel que añore el pasado controlador y mesiánico del estado benefactor, tendrá que estar de acuerdo en los pobres resultados que ha tenido en cuanto a la conservación de nuestro patrimonio histórico, pero se contentará con echarle la culpa a la corrupción imperante en el medio político y exigirá la acción flamígera del estado para castigar a los causantes de la desaparición y deterioro de nuestro patrimonio.
La acción pedida siempre será a posteriori y el daño causado, en la mayoría de los casos, será irreparable, podemos por tanto decir sin temor a equivocarnos que en la práctica, la estructura de la citada ley es inoperante e insuficiente, tanto por causas presupuestales, de declaración del monumento mentado, de falta de planeación coordinación u otras causas.
A partir del advenimiento de los llamados gobiernos neoliberales en México (De la Madrid y Salinas) es que la moneda se carga del lado contrario y se decide, acorde a los lineamientos del Consenso de Washington, que es mejor que la iniciativa privada se haga cargo del uso y preservación de este patrimonio.
A pesar de que la opinión pública arraigada las más de las veces en el ya obsoleto Nacionalismo Mexicano hace imposible el cambio jurídico para el uso comercial de los monumentos históricos, por inacción y debilidad presupuestal se actúa de facto, en el entendido que el mercado se autorregula y el sentido nacionalista del empresario mexicano aunado a su pasión por los negocios en un entorno de auge turístico, serán suficientes para, no sólo la preservación de nuestros centros históricos, sino también para su aprovechamiento comercial, espacio de donde saldrá el anhelado presupuesto para su restauración y conservación.
El costo de estas políticas neoliberales ha sido alto, ya que en la mayoría de los casos se ha privilegiado el orden comercial sobre el cultural (el ejemplo del Casino de la Selva o el uso salvaje de las Pirámides de Teotihuacan son sólo algunos de lo ejemplo de que podemos echar mano), por lo que la pérdida de nuestro patrimonio ha continuado y Mérida es sólo uno más de los casos lamentables de este tipo de políticas depredadoras.
La acción unilateral del estado o del mercado han sido totalmente ineficientes, y no han detenido ni impulsado la conservación y el uso de nuestros monumentos, su pérdida continúa, por lo es permisible abogar por encontrar nuevos caminos para la preservación y cuidado de nuestros monumentos históricos, dentro de un todo orgánico que sería la organización ciudadano-representativa de los Centros Históricos de los diversos estados de la república.
Un breve repaso sobre el tema de gobernanza nos permitirá aclarar este punto de vista y nos permitirá una reflexión sobre el papel de organismos que, como el Patronato del Centro Histórico de Mérida, tienen para el diseño, operación, planeación e implementación de acciones efectivas (eficientes y eficaces) para el rescate de nuestro patrimonio cultural.
Dentro de la ciencia de la Administración Pública actual, también denominada Nueva Gestión Pública (NGP), se han encontrado soluciones diversas en su multiplicidad, pero similares en su acción, donde la acción del mercado y el estado ha sido mediada por la sociedad civil entendida por los organismos representativos de la misma (ONGs) que autoorganizándose intervienen para mediar entre estos dos grandes adversarios, logrando una acción armónica cuando su mediación logra desarticularse de los intentos de cooptación del propio estado o de empresas que por su poderío económica tiendan a su control.
La idea del concepto gobernanza/gobernación, en las democracias tradicionales ha sido entendida tradicionalmente como la acción de dirigir mediante un sistema burocrático a un país o estado basándose en la idea de la representación de la mayoría, la que está legitimada mediante un proceso electoral donde es designado el responsable político de llevar a cabo las promesas que el Partido Político triunfador, en voz de su candidato, ha propuesto para bien de la república y el pueblo.
Esta idea ha quedado obsoleta por su propia inoperancia y ha sido rebasada por la realidad democrática en que vivimos, ya que actualmente se reconoce que es imposible que acciones unipersonales y verticales –jerárquicas— sean efectivas –políticamente hablando—ya sea en un sistema de gobierno presidencialista o parlamentario, aun con el auxilio de un cuerpo burocrático especializado y profesional.
La forma que asume la Administración Pública en un gobierno democrático pero con sistemas burocráticos tradicionales, ha resultado en acciones de gobierno cada vez menos satisfactorias para la mayor parte de los países que aun no transitan a formas contemporáneas de organización administrativa – nuestro estado, país y casi todos los países de América Latina para nuestro caso— ; acciones por tanto ilegítimas—que en el corto plazo –un periodo de gobierno las más de las veces— generan el relevo constante del Partido Político gobernante durante cada proceso electoral, como es el caso ya paradigmático del estado de Yucatán.
No en balde el término “gobernanza” ha sido redefinido a partir de 2001 por el Diccionario de la Real Academia de la Lengua substituyendo la antigua definición de ”acción y efecto de gobernar o gobernarse” por el “arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado , la sociedad civil y el mercado de la economía” (L. Aguilar 2007), o como nos dice otra vez el propio L.Aguilar, “el problema consiste en que el gobierno democrático acredite ser un agente capaz de dirección, coordinación y articulación de la sociedad con resultados relevantes”.
En el nuevo entorno democrático, es más importante para la democracia la acción “gobernación/gobernanza” que la cuestión electoral de la elección de gobernantes, por lo que para definir a un gobierno como democrático es menester fijarse en la forma como gobierna más que por la forma en que llegó al poder.
Es de predecir que si en nuestro estado, el actual gobierno no utiliza el enfoque de “gobernanza”, las posibilidades de que los proyectos y los presupuestos para el mejoramiento del Centro Histórico caigan en saco roto y se pierdan en el mejor de los casos por ineficiencia y en el peor por corrupción, lo que a la larga deteriorará la imagen que del gobierno actual tienen los ciudadanos atentos en el tema que nos compete.
Es por lo anterior que:
para recuperar la capacidad administrativa de la Administración Pública es necesario que las estructuras administrativas incorporen nuevas formas organizativas y nuevos métodos gerenciales a fin de que los gobiernos den sentido de dirección a sus comunidades y aseguren a partir de la triada economía-eficacia-eficiencia, la calidad en la provisión de los bienes y servicios públicos, pero sobre todo, aseguren que la acción de gobierno en administración tenga como propósito y resultado la creación de valor (público) en los activos de sus comunidades, sea porque desarrollan éstas la capacidad de gestión de los ciudadanos (particularmente entre los pobres y vulnerables) o porque incrementen la utilidad general de la comunidad –el caso del mejoramiento del Centro Histórico de Mérida es paradigmático (N del A)-- haciendo necesario introducir en la nueva administración pública esquemas de organización que empleen métodos avanzados de gestión financiera, dirección estratégica, administración de la calidad entendida como control, aseguramiento, mejora continua y certificación, gestión de desempeño y rediseño de procesos, gestión del conocimiento, fórmulas alternativas de control interno, presupuesto por resultados. Todo esto mediante exigencias de profesionalización del personal público (no necesariamente mediante el servicio civil de carrera que puede ser contraproducente para nuestro caso), la incorporación del gobierno electrónico haciendo énfasis en la formulación y observancia de códigos de ética pública (L. Aguilar)
Por el lado del Patronato, que es parte de la sociedad civil, y del mercado, los empresarios --que de manera eficiente ha colaborado hasta ahora con el mismo, al darles certidumbre en el uso de los recursos aportados, además de hacerles ver la utilidad comercial del proyecto--, el nuevo proceso de gestión público requiere de la creación del espacio público, es decir, la modificación jurídica de la manera en que se relaciona la actual administración gubernamental con los actores ciudadanos –académicos, publico atento y empresarios--, abriendo espacios –con garantía jurídica de participación — para la gestión pública en áreas estratégicas que le permitan, no sólo la coadyuvancia, sino el manejo directo de recursos –públicos— en torno a problemas y proyectos consensualmente definidos como políticas públicas a seguir, que sean abordados con expectativas de alta calidad en su operación --que para el caso del Patronato, sólo su probada independencia le puede dar-- abocadas directamente a acciones de gobierno en el ramo de la cultura y la preservación de nuestro patrimonio histórico.
Requerimos entonces, en primer lugar y como propuesta específica para este foro, la creación de espacios jurídicos que permitan la operación del modelo de la Nueva Gestión Pública (NGP) en el ámbito de la preservación del Centro Histórico de la Ciudad de Mérida, y la implementación de un proyecto estratégico de gobernanza en el que el gobierno “sea un agente integrante del proceso de gobernación, empotrado en el proceso, con un papel significativo y hasta decisivo en determinadas materias, pero que deje de ser el actor directivo único, y ya no trascienda ni domine la dinámica de la sociedad en todos los asuntos de su interés” (L.Aguilar).
Es decir, pasar de ser un gobierno jerárquico y vertical de poder a uno asociativo y coordinador.
Recapitulando, la idea sería la de propiciar la participación de organismos civiles en proyectos culturales para la preservación de nuestro centro histórico, para beneficio de la comunidad, que incentiven los principios de la NGP mediante proyectos de corte estratégico surgidos de la ciudadanía a instancias iniciales del sector gubernamental, del ciudadano o del empresarial, con sentido claramente sustentable, donde paulatinamente el papel gubernamental se vaya reduciendo para dejarle espacios a la sociedad civil y al mercado, en el entendido que la reducción del gobierno no es para dejar de ser, es para adquirir un nuevo papel, ser el líder de una nueva gestión gubernamental con claro sentido social, republicano y democrático.
