La distinción entre lo público y lo privado está en entredicho, dada la relación de intereses entre una empresa privada y funcionarios del gobierno actual. Esta relación, de comprobarse, asumiría una forma ya conocida de corrupción ya mencionada por Rousseau, cuando nos dice que el principal enemigo de una Nación es el individuo privado, ya que pone en todo momento sus intereses privados por encima de los intereses de la Voluntad General.
Por lo anterior, en los países democráticos se castiga esta relación de intereses económicos entre lo público y lo privado con la destitución, multas y hasta con cárcel, pues le causa un daño directo al interés público, y daña el patrimonio del Pueblo.
Aquí en México, de la mano de un federalismo imperfecto, lo que sigue prevaleciendo son los negocios particulares de la mano con los contratos públicos, de los que son beneficiarios estas empresas que siguen enriqueciendo a las élites gubernamentales que, bajo la figura del prestanombres, disimulan un espacio de interés común donde son juez y parte, auto-asignándose jugosos beneficios, costumbre que ha arraigado perfectamente en nuestro Estado, donde lo único que se ha democratizado es la inclusión de los sectores estatales en un espacio de corrupción, donde lo federal era preponderante.
La corrupción se combate con publicidad, con transparencia. Por eso en los regímenes corruptos, el enemigo son todos aquellos medios, individuos y asociaciones que hacen pública la descomposición política de un gobierno, publicitando sus acciones y exigiendo rendición de cuentas a los gobernantes de parte de los otros órdenes republicanos, que en un sistema de gobierno democrático, guardan un equilibrio que propicia una sana gobernación.
La embestida contra el reportero Hansel Vargas, está inscrita en este proceso de degradación política por el que avanza nuestro Estado, donde la desaparición de los límites entre lo público y lo privado dejan de existir al mezclarse con los intereses económicos de los grupos gobernantes, los que reaccionan ante la denuncia pública reprimiendo a aquellos que les incomodan desde una postura de cuasi legalidad, ya que los tres poderes, que por definición deberían mantener un sano equilibrio e independencia, en nuestro medio están en realidad bajo la tutela de los intereses de un grupo que, desde el Poder Ejecutivo, instrumenta la represión desde los espacios donde debería impartirse justicia.
Aristóteles ya lo dijo, la prudencia es una virtud que se cultiva desde el poder, ya que para los ciudadanos, en su relación con lo público, tener prudencia llevaría a la inmovilidad política y a la instauración de regímenes corruptos, de ahí que la primera garantía contra la opresión son los Derechos Humanos de Primera Generación, donde la “Libertad de Expresión” protege a los ciudadanos que denuncian la degradación de lo público como un estigma que degrada a la nación.
Autor: Armando Peraza Guzmán.
