La reforma del sistema educativo, aciertos y desaciertos, una reforma sin sociedad civil.

Dr.  Armando Peraza Guzmán.

Actualmente se ha desatado una condena social desde diversos ámbitos contra el magisterio. En el fondo está la actitud beligerante de amplios sectores magisteriales sobre todo en Estados como Oaxaca, Michoacán y Guerrero,  que rechazan de plano todo tipo de evaluación y menos aun aceptan que su plaza dependa de las que lleve a cabo el Estado sobre su persona y los resultados de su docencia.

Otro factor es la percepción de corrupción que desde la figura de los líderes sindicales –encarnando en la maestra, sus afines y sucesores después de su caída— representa en el imaginario popular un espacio orientado al robo, la impunidad y el enriquecimiento ilícito, que se traslapa con la persona del maestro en lo particular, por los muchos vicios que se han generado desde las escuelas, fruto de un proceso de complicidad corruptora ya establecida entre el maestro, su sindicato y las autoridades educativas en cada Estado.

Uno más lo tenemos en las evaluaciones constantes, tanto de corte internacional como nacional que siguen ofreciendo resultados desalentadores y no muestran avances a pesar de las reformas educativas ya en proceso, tenemos también las evaluaciones recientes de los profesores que han mostrado una cara muy poco favorable al magisterio, exhibiendo sus deficiencias y limitaciones y de paso, las deficiencias del modelo normalista de formación de docentes a la luz, sobre todo, de los problemas hecho públicos con las normales rurales.

 

En verdad que la condena social y el clamor que pide se haga algo al respecto se ha vuelto nacional desde el punto de vista de amplios sectores intelectuales y empresariales, los cuales están marcados por el recuerdo de la corrupción imperante bajo la dirección sindical de la profesora Elba Esther Gordillo, que usufructuó en forma privada y privilegiada los recursos del SNTE, enriqueciéndose desmesuradamente y fortaleciéndose políticamente al favorecer a un grupo cercano --no solamente de maestros--, quedando incluidos: legisladores gobernadores y hasta presidentes que la utilizaron y fueron utilizados en una vergonzante relación que cada vez se hacía más insostenible y que le costó caro al menos a un partido político, el PAN.

Las evaluaciones internacionales –PISA--, películas como “De panzazo” y la propia belicosidad de la líder sindical y sus alianzas con las cúpulas del poder que se han hecho públicas, dada la realidad cada vez mayor de una opinión pública independiente, sobre todo de parte del sector empresarial, han reforzado la visión de una catástrofe educativa que no puede mantenerse pues cada vez tendrá un costo político mayor para el partido en el poder.

Lo lamentable de esta confrontación es que no debería tener razón de ser. Un adecuado liderazgo estaría llevado de la mano con un diálogo permanente con los legisladores donde la sociedad civil, los empresarios, el sindicato y el gobierno participaran en forma conjunta para definir el futuro de la educación en México, pero sobre todo, para hacer las reformas necesarias al sistema educativo que tanto necesita el país.

El magisterio, una vez más está ausente en la discusión de las reformas, porque los legisladores que debían representarlos y que realmente representaban a la maestra en sus turbias negociaciones de funesto recuerdo, ante su caída , se han re-alineado, volteando sumisos ante el poder del Estado y del Presidente en turno, no representando realmente al magisterio en este proceso de negociaciones, lo que es realmente lamentable, ya que unas reformas sin la participación del sector magisterial como interlocutor válido  sólo puede tener dos salidas: la confrontación nacional in crecendo, o la realineación del SNTE dentro del Estado como un organismo corporativo similar a lo que fue durante el salinismo y antes, lo que es más probable.

Las reformas, tal y como están planteadas, buscan más un efecto mediático por parte de los partidos que un resultado real en el ámbito educativo, lo he repetido muchas veces, mientras no se despolitice el Sistema Educativo Mexicano la debacle del mismo no tiene solución a corto, mediano o largo plazo, las reformas irán y vendrán y siempre habrá chivos expiatorios –no los verdaderos culpables-- que respondan ante el imaginario popular de esta catástrofe, ahora le toca el turno al magisterio.

Recuperar la rectoría del Estado en lo educativo no es ni con mucho la solución y menos ante un Estado con vocación corporativa y clientelar. Se requiere precisamente lo contrario, hay que recordar que fue la rectoría del Estado la que entregó el sector educativo al sindicalismo magisterial y que fue desde el Estado, donde se fortalecieron hasta llegar a desafiarlo. Pero recordemos, la educación ya era un desastre aun antes de que el Presidente Echeverría, ante una gran crisis económica, la utilizara para mantener el control social, usándola como medio de movilidad social al servicio de un magisterio proveniente de las capas más desfavorecidas de la sociedad, desde donde se reclutaban sus cuadros, bajo la premisa de la fidelidad, rompiéndose con lo que quedaba del vasconcelismo que si bien no era mucho, todavía daba la lucha desde grupos aislados de maestros e hijos de maestros que con entereza acudían a las aulas para reafirmar su vocación a pesar del proceso de entrega que ya sufría el SNTE desde Robles Martínez, el  primero de los tres grandes caciques sindicales que ha tenido este sindicato y que, recordemos, fue durante doce años líder del SNTE y director de BANOBRAS, banco estatal desde el que edificó un imperio económico junto a apellidos como los Alemán y los O´Farril.

Entonces, recuperar la rectoría del Estado sólo entregaría de nuevo el magisterio a los intereses políticos del partido en turno en el poder y por esa vía ya no debe ser posible circular, se requiere despolitizar el Sistema Educativo Mexicano. Para lograrlo se requiere no aumentar el ya muy desgastado proceso de descentralización que además ha fracasado en México y lamentablemente también en América Latina en su conjunto, desde Chile a Argentina o Perú, donde ya se llevaron a cabo las reformas y evaluaciones de maestros similares a las que se están preparando para México y que no han impactado en los niveles educativos de las grandes mayorías nacionales, como demuestran sus propias autoevaluaciones. Sigue el sector educativo de esos países, después de las reformas, beneficiando a pequeños sectores de clase media igual que antes.

Sin embargo, es necesario descentralizar, no centralizar, como lo indican las nuevas negociaciones que quieren sacar a los Estados de la República de las negociaciones salariales con el SNTE en los Estados, esto no llevaría más que a fortalecer el poder del nuevo Secretario General del SNTE, un líder que le venga bien al Presidente el turno y que no beneficiaría a la educación en nada, ya que sólo vitalizaría la dependencia sindical del magisterio volviéndolo rehén de su cúpula una vez más al servicio del partido en cada elección.

La tentación del uso electoral del SNTE desde una óptica institucional de corte orgánico --en lenguaje gramciano--, es una tentación a la que creo se le está dando forma con la caída de Elba Esther Gordillo, ya lo hizo Calderón con un alto costo, tanto en imagen como en la propia funcionalidad de la reforma, además del desgaste político que le representó esa alianza. El PRI pareciera que quiere volver a usar a este organismo sin  los altos costos políticos que le representó al PAN, recuperando la negociación directa con la cúpula, desplazando a los gobernadores y refundando el viejo autoritarismo que tanto daño le ha hecho a la educación, cuando lo óptimo es la asignación de un presupuesto global a los Estados con una negociación particular en cada uno que estaría fijada a partir de un mínimo presupuestal autorizado por la Cámara de Diputados y que obligaría a los gobernadores el recurrir a nuevos impuestos ante cualquier otro incremento salarial.  Los beneficios salariales extras, además de ser substanciosos, deben vincularse cada vez más al desempeño institucional –no individual-- y deben ser negociados desde organismos externos autónomos, como pasa en la educación superior.

Entonces, ¿cómo descentralizar? La respuesta es una descentralización por funciones que cree al menos tres o cuatro agencias autónomas (bajo la figura jurídica de organismo autónomo que ya existe) desde agencias nacionales similares a la creada para la evaluación desde la reforma constitucional, pero que se encarguen de funciones como contratación, construcción y reparación de escuelas, capacitación y formación, recabar información que, junto a la ya creada de evaluación, pueda manejar el caso de los incentivos. Estos organismos nos permitirían salirnos de los estrechos márgenes políticos de una Secretaría de Estado que le rinde cuentas al ejecutivo a unos organismos que le rindan cuentas al Congreso directamente.

Para evitar la injerencia de los gobernadores en los Estados, estas agencias serían nacionales, desconcentradas, no descentralizadas de su órgano rector, lo que evitaría las negociaciones perversas entre los gobernadores y la imposición de personeros en cada Estado desviando muchas veces presupuestos como ha ocurrido hasta ahora.

Quedaría una Secretaría de Educación manejable, pequeña, enfocada en la delineación de la política educativa en conjunto con los problemas reales de cada Estado de la República, abocada a orientar y ser un órgano rector con gran capacidad de decisión en lo que respecta a la política educativa, ya no estaría obesa ni recargada como lo está actualmente, beneficiándose de su nuevo tamaño y generando perfiles de contratación por ejemplo, pero no contratando, de capacitación, pero no capacitando, etc.

Junto a este proceso habría que darles voz a los padres de familia, los interesados directos en el proceso educativo, mediante formas de vigilancia y participación que desde cada escuela impulsen la calidad, ya que la misma no es cosa de política ni de discursos, es cosa de compromisos y éstos sólo pueden ser establecidos desde los espacios particulares de cada escuela, urge pues una reforma que reorganice a la escuela junto con los padres de familia, establezca el Consejo Escolar, hacer un todo, generar un equilibrio republicano que poco a poco con políticas y reformas de corrección, vayan cambiando la cultura magisterial actual hacia formas de responsabilidad social, respeto y apego particular a cada institución.

Las escuelas deben tener la posibilidad de iniciar el proceso de contratación de sus profesores; la antigüedad debe ser portable, sólo así se fortalecerá el compromiso social del maestro con su institución dándole valor a los resultados; la Carrera Magisterial debe premiar el resultado por escuela, no en forma individual, pues como está ahora basada en la evaluación centrada en el maestro no ofrece resultados significativos; se debe buscar fomentar un sólido crecimiento de la calidad mediante el fomento institucional del trabajo colegiado, ya que es necesario conjuntar equipos que trabajen colaborativamente –en este punto habría que limitar la movilidad automática del maestro entre escuelas, que es un cáncer actualmente, ya que mina sistemáticamente el trabajo colaborativo-- en busca de la calidad y obtengan, desde varios indicadores de evaluación, mejoras salariales conjuntas que premien el desempeño de todos y no generen un descontento que dinamite el clima de trabajo, como está ocurriendo actualmente, según varios estudios sobre el tema en Yucatán(Gómez, 2013, Padilla, 2013); se debe también incluir a los padres de familia en la toma de decisiones en la institución desde un órgano de dirección colegiado que los incluya, ya que son los primeros interesados en lo educativo y pagan la escuela con sus impuestos.

Simultáneamente, se debe trabajar en la desaparición de la fragmentación por horas, deben desaparecer las plazas por horas y ser substituidas por plazas de medio tiempo y de tiempo completo con sólidos indicadores de crecimiento laboral. Es un hecho que desde el manejo corporativo de las plazas se les ofrece a los maestros dos, cinco o menos horas las cuales aceptan con la ilusión de crecer laboralmente y adquirir una plaza en propiedad, mientras los gobiernos de los Estados, a su vez, lo que buscan es ampliar la base clientelar de los partidos políticos creando ilusiones y afectando gravemente la labor educativa basada en el trabajo colegiado ya que éste no puede existir  bajo esas condiciones. Un claro ejemplo de cómo la cuestión político-electoral en cada Estado afecta la calidad educativa.

Los anteriores son algunos de los múltiples problemas de corte organizacional que afectan al magisterio, son problemas que hay que encarar más allá de una incompleta reforma educativo-administrativo-laboral –aunque en algunos casos acertada, como es el caso del sistema de acopio de información y gestión educativa y la creación del organismo autónomo evaluador que se está formando desde la última reforma constitucional al Artículo Tercero-- centrada en un diagnóstico basado en la reproducción de algunos modelos exitosos en varios países asiáticos que surge de la desesperación de las organizaciones civiles y empresariales y que tienen su origen en diversos estudios, evaluaciones y recomendaciones del Banco Mundial y la OCDE, políticas que  han recomendado para Latinoamérica desde hace ya más de diez años y que lamentablemente por incompatibilidad cultural han demostrado su insuficiencia en América Latina, requiriendo medidas de corrección diez años después de ser implementadas con el costo que estos errores tienen para el  combate a la pobreza mediada por el logro de los Objetivos del Milenio de Dakar y las Metas para el Siglo XXI establecidas recientemente en Mar del Plata.

En lo educativo, seguir insistiendo en un proceso descentralizador fallido es un crimen que seguirán pagando los más pobres, seguir insistiendo en la evaluación como la forma principal para impulsar la calidad educativa es otro error producto del desconocimiento de la lógica laboral que prevalece en las instituciones gubernamentales que se enfrentan, desde el ámbito organizacional, al dilema del prisionero de la “teoría de juegos”, donde dos grupos no pueden cooperar incluso si es en beneficio de ambos y donde en el mejor de los casos nadie gana, ni la sociedad, ni el magisterio y en el peor, todos pierden, como es probable que suceda.

El problema real es el cultural, la cultura magisterial que impide el éxito de cualquier proceso de reforma que se intente implementar –en lo educativo, la RIEB, RIEMS, etc., no en lo organizacional como la reforma constitucional reciente (2013)--. La cultura no cambia por decreto ni con leyes, es un problema multifactorial  que se debe encarar mediante estrategias diversas, desde una base organizacional y estudios diagnósticos que tengan como característica su particularidad y situacionalidad. En pocas palabras, hay que crear una base organizacional acorde a las nuevas formas de cultura laboral del magisterio que queremos impulsar. 

Esta sería la verdadera reforma educativa, una reforma a largo plazo de entre 20 y 25 años, pero tardará más si no empezamos de inmediato.