Una reforma educativa fallida; entre la cultura del maestro y
el uso político del magisterio.
Armando Peraza Guzmán.
Actualmente se ha
desatado una condena social desde diversos ámbitos contra el magisterio. En el
fondo está la actitud beligerante de amplios sectores magisteriales sobre todo
en Estados como Oaxaca, Michoacán y Guerrero,
que rechazan de plano todo tipo de evaluación y menos aun aceptan que su
plaza dependa de las que lleve a cabo el Estado sobre su persona y los
resultados de su docencia.
Otro factor es la
percepción de corrupción que desde la figura de los líderes sindicales
–encarnando en la maestra, sus afines y sucesores después de su caída—
representa en el imaginario popular un espacio orientado al robo, la impunidad
y el enriquecimiento ilícito, que se traslapa con la persona del maestro en lo
particular, por los muchos vicios que se han generado desde las escuelas, fruto
de un proceso de complicidad corruptora ya establecida entre el maestro, su
sindicato y las autoridades educativas en cada Estado.
Uno más lo tenemos en
las evaluaciones constantes, tanto de corte internacional como nacional que
siguen ofreciendo resultados desalentadores y no muestran avances a pesar de las
reformas educativas ya en proceso, tenemos también las evaluaciones recientes
de los profesores que han mostrado una cara muy poco favorable al magisterio,
exhibiendo sus deficiencias y limitaciones y de paso, las deficiencias del
modelo normalista de formación de docentes a la luz, sobre todo, de los
problemas hecho públicos con las normales rurales.
En verdad que la
condena social y el clamor que pide se haga algo al respecto se ha vuelto
nacional desde el punto de vista de amplios sectores intelectuales y
empresariales, los cuales están marcados por el recuerdo de la corrupción
imperante bajo la dirección sindical de la profesora Elba Esther Gordillo, que
usufructuó en forma privada y privilegiada los recursos del SNTE, enriqueciéndose
desmesuradamente y fortaleciéndose políticamente al favorecer a un grupo
cercano --no solamente de maestros--, quedando incluidos: legisladores
gobernadores y hasta presidentes que la utilizaron y fueron utilizados en una
vergonzante relación que cada vez se hacía más insostenible y que le costó caro
al menos a un partido político, el PAN.
Las evaluaciones
internacionales –PISA--, películas como “De panzazo” y la propia belicosidad de
la líder sindical y sus alianzas con las cúpulas del poder que se han hecho
públicas, dada la realidad cada vez mayor de una opinión pública independiente,
han reforzado la visión de una catástrofe educativa que no puede mantenerse
pues cada vez tendrá un costo político mayor para el partido en el poder.
Lo lamentable de esta
confrontación es que no debería tener razón de ser. Un adecuado liderazgo
estaría llevado de la mano con un diálogo permanente con los legisladores donde
la sociedad civil, los empresarios, el sindicato y el gobierno participaran en
forma conjunta para definir el futuro de la educación en México, pero sobre
todo, para hacer las reformas necesarias al sistema educativo que tanto
necesita el país.
El magisterio una vez
más está ausente en la discusión de las reformas, porque los legisladores que
debían representarlos y que realmente representaban a la maestra en sus turbias
negociaciones de funesto recuerdo, ante su caída , se han re-alineado, volteando
sumisos ante el poder del Estado y del Presidente en turno, no representando
realmente al magisterio en este proceso de negociaciones, lo que es realmente
lamentable, ya que unas reformas sin la participación del sector magisterial
como interlocutor válido sólo puede
tener dos salidas: la confrontación nacional in crecendo, o la realineación del SNTE dentro del Estado como un
organismo corporativo similar a lo que fue durante el salinismo y antes, lo que
es más probable.
Las reformas tal y como
están planteadas, buscan más un efecto mediático por parte de los partidos que
un resultado real en el ámbito educativo, lo he repetido muchas veces, mientras
no se despolitice el Sistema Educativo Mexicano la debacle del mismo no tiene
solución a corto plazo, las reformas irán y vendrán y siempre habrá chivos
expiatorios –no los verdaderos culpables-- que respondan ante el imaginario
popular de esta catástrofe, ahora le toca el turno al magisterio.
Recuperar la rectoría
del Estado en lo educativo no es ni con mucho la solución y menos ante un
Estado con vocación corporativa y clientelar. Se requiere precisamente lo
contrario, hay que recordar que fue la rectoría del Estado la que entregó el
sector educativo a las mafias sindicales del magisterio y que fue desde el
Estado, donde se fortalecieron hasta llegar a desafiarlo. Pero recordemos, la
educación ya era un desastre desde que Echeverría la usó como medio de control
social rompiendo con lo que quedaba del vasconcelismo, que si bien no era
mucho, todavía daba la lucha desde los propios maestros que con entereza
acudían a las aulas para reafirmar su vocación a pesar del proceso de entrega
que ya sufría en SNTE desde Robles Martínez, el
primero de los tres grandes caciques sindicales que ha tenido este
sindicato y que, recordemos, fue durante doce años líder del SNTE y director de
BANOBRAS, banco estatal desde el que edificó un imperio económico junto a
apellidos como los Alemán y los O´Farril.
Entonces, recuperar la
rectoría del Estado sólo entregaría de nuevo el magisterio a los intereses
políticos del partido en turno en el poder y por esa vía ya no debe ser posible
circular, se requiere despolitizar el Sistema Educativo Mexicano y para eso, se
requiere no aumentar el ya muy desgastado proceso de descentralización que
además ha fracasado en México y lamentablemente también en América Latina en su
conjunto, desde Chile a Argentina, donde ya se llevaron a cabo las reformas y
evaluaciones de maestros similares a las que se están preparando para
México y que no han impactado en los
niveles educativos de las grandes mayorías nacionales, como demuestran sus
propias autoevaluaciones. Sigue el sector educativo de esos países, después de
las reformas, beneficiando a pequeños sectores de clase media, igual que antes.
Sin embargo, es
necesario descentralizar, no centralizar, como lo indican las nuevas
negociaciones que quieren sacar a los Estados de la República de las
negociaciones salariales con el SNTE en los Estados, esto no llevaría más que a
fortalecer el poder del nuevo Secretario General del SNTE un líder que le venga
bien al Presidente el turno y que no beneficiaría a la educación en nada, ya
que sólo vitalizaría la dependencia sindical del magisterio volviéndolo rehén
de su cúpula, una vez más al servicio del partido en cada elección.
La tentación del uso
electoral del SNTE desde una óptica institucional de corte orgánico --en
lenguaje gramciano--, es una tentación a la que creo que se le está dando forma
con la caída de Elba Esther Gordillo, ya lo hizo Calderón con un alto costo
tanto en imagen como en la propia funcionalidad de la reforma, además del
desgaste político que le representó esa alianza. El PRI pareciera que quiere
usar a este organismo sin los altos
costos políticos que le representó al PAN, recuperando la negociación directa
con la cúpula, desplazando a los gobernadores y refundando el viejo
autoritarismo que tanto daño le ha hecho a la educación, cuando lo óptimo es la
asignación de un presupuesto global a los Estados con una negociación
particular en cada uno que estaría fijada a partir de un mínimo presupuestal
autorizado por la Cámara de Diputados y que obligaría a los gobernadores el
recurrir a nuevos impuestos ante cualquier otro incremento salarial. Los beneficios salariales extras, además de
ser substanciosos, deben vincularse cada vez más al desempeño y deben ser
negociados desde organismos externos como pasa en la educación superior.
Entonces, ¿cómo
descentralizar? La respuesta es una descentralización por funciones que cree al
menos tres o cuatro agencias autónomas (bajo la figura jurídica de organismo
autónomo que ya existe) desde agencias nacionales similares a la creada para la
evaluación desde la reforma constitucional, pero que se encarguen de funciones
como contratación, construcción y reparación de escuelas, capacitación y
formación, recabar información que, junto a la ya creada de evaluación, pueda
manejar el caso de los incentivos. Estos organismos nos permitirían salirnos de
los estrechos márgenes políticos de una Secretaría de Estado rindiéndole
cuentas al Congreso directamente.
Para evitar la
injerencia de los gobernadores en los Estados, estas agencias serían nacionales,
desconcentradas, no descentralizadas de su órgano rector, lo que evitaría las
negociaciones perversas entre los gobernadores y la imposición de personeros en
cada Estado, desviando muchas veces presupuestos como ha ocurrido hasta ahora.
Quedaría una Secretaría
de Educación manejable, pequeña, enfocada en la delineación de la política
educativa en conjunto con los problemas reales de cada Estado de la República,
abocada a orientar y ser un órgano rector con gran capacidad de decisión en lo
que respecta a la política educativa, ya no estaría obesa ni recargada como lo
está actualmente, beneficiándose de su nuevo tamaño y generando perfiles de
contratación por ejemplo, pero no contratando, de capacitación, pero no
capacitando, etc.
Junto a este proceso
habría que darles voz a los padres de familia, los interesados directos en el
proceso educativo mediante formas de vigilancia y participación que desde cada
escuela impulsen la calidad, ya que la misma no es cosa de política ni de
discursos, es cosa de compromisos y éstos sólo pueden ser establecidos desde
los espacios particulares de cada escuela, urge pues una reforma que reorganice
a la escuela junto con los padres de familia, establezca el Consejo Escolar,
hacer un todo, generar un equilibrio republicano que poco a poco, con políticas
y reformas de corrección, vayan cambiando la cultura magisterial actual hacia
formas de responsabilidad social, respeto y apego particular a cada
institución.
Las escuelas deben
tener la posibilidad de iniciar el proceso de contratación de sus profesores;
la antigüedad debe ser portable, sólo así se fortalecerá el compromiso social
del maestro con su institución dándole valor a los resultados; la Carrera
Magisterial debe premiar el resultado por escuela, no en forma individual, pues
como está ahora basada en la evaluación centrada en el maestro no ofrece
resultados significativos; se debe buscar fomentar un sólido crecimiento de la
calidad mediante el fomento institucional del trabajo colegiado, ya que es
necesario conjuntar equipos que trabajen colaborativamente –en este punto habría
que limitar la movilidad del maestro entre escuelas, que es un cáncer actualmente
minando sistemáticamente el trabajo colaborativo-- en busca de la calidad y
obtengan, desde varios indicadores de evaluación, mejoras salariales conjuntas
que premien el desempeño de todos y no generen un descontento que dinamite el
clima de trabajo, como está ocurriendo actualmente, según varios estudios sobre
el tema en Yucatán (Gómez, 2013, Padilla, 2013); se debe incluir a los padres de
familia en la toma de decisiones en la institución desde un órgano de dirección
colegiado que los incluya, ya que son los primeros interesados en lo educativo
y pagan la escuela con sus impuestos.
Simultáneamente, se
debe trabajar en la desaparición de la fragmentación por horas, deben
desaparecer las plazas por horas y ser substituidas por plazas de medio tiempo
y de tiempo completo con sólidos indicadores de crecimiento laboral. Es un
hecho que desde el manejo corporativo de las plazas se les ofrece a los
maestros dos, cinco o menos horas las cuales aceptan con la ilusión de crecer laboralmente
y adquirir una plaza en propiedad, mientras los gobiernos de los Estados, a su
vez, lo que buscan es ampliar la base clientelar de los partidos políticos creando
ilusiones y afectando gravemente la labor educativa basada en el trabajo
colegiado, ya que éste no puede existir
bajo esas condiciones. Un claro ejemplo de cómo la cuestión
político-electoral en cada Estado afecta la calidad educativa.
Los anteriores son
algunos de los múltiples problemas de corte organizacional que afectan al
magisterio, son problemas que hay que encarar más allá de una incompleta
reforma educativa –aunque en algunos casos acertada como es el caso del sistema
de acopio de información y gestión educativa y la creación del organismo
autónomo evaluador que se está creando desde la última reforma constitucional
al Artículo Tercero-- centrada en un diagnóstico basado en la reproducción de
algunos modelos exitosos en varios países asiáticos que surge de la
desesperación de las organizaciones civiles y empresariales y que tienen su
origen en diversos estudios, evaluaciones y recomendaciones del Banco Mundial y
la OCDE, políticas que han recomendado
para Latinoamérica desde hace ya más de diez años y que lamentablemente por
incompatibilidad cultural han demostrado su insuficiencia en América Latina,
requiriendo medidas de corrección diez años después de ser implementadas, con
el costo que estos errores tienen para el
combate a la pobreza mediada por el logro de los Objetivos del Milenio
de Dakar y las Metas para el Siglo XXI establecidas recientemente en Mar del
Plata.
En lo educativo, seguir
insistiendo en un proceso descentralizador fallido es un crimen que seguirán
pagando los más pobres, seguir insistiendo en la evaluación como la forma
principal para impulsar la calidad educativa es otro error producto del
desconocimiento de la lógica laboral que prevalece en las instituciones
gubernamentales que se enfrentan, desde el ámbito organizacional, al dilema del
prisionero, de la “teoría de juegos”, donde dos grupos no pueden cooperar
incluso si es en beneficio de ambos y donde en el mejor de los casos nadie gana,
ni la sociedad, ni el magisterio y en el peor, todos pierden, como es probable
que suceda.
El problema real es el
cultural, la cultura magisterial que impide el éxito de cualquier proceso de
reforma que se intente implementar –en lo educativo, la RIEB, RIEMS, etc., no
en lo organizacional como la reforma constitucional reciente (2013)--. La
cultura no cambia por decreto ni con leyes, es un problema multifactorial que se debe encarar mediante estrategias
diversas, desde una base organizacional y estudios diagnósticos que tengan como
característica su particularidad y situacionalidad. En pocas palabras, hay que
crear un modelo de organización acorde a las nuevas formas de cultura laboral del
magisterio que queremos impulsar.