Discriminación y autoritarismo en la escuela en Yucatán

Discriminación y autoritarismo en la escuela en Yucatán
Ante los recientes hechos en varias comunidades del interior del Estado donde las comunidades han rechazado el autoritarismo de las autoridades educativas, priva la idea de que el modo autoritario de ejercer el poder propio de sistemas no democráticos heredados del viejo priismo está regresando de la mano de la cultura política de los funcionarios de varios niveles de la Secretaría de Educación, los cuales se expresaron en forma por demás racista cuando calificaron de ignorantes a los miembros de la comunidad de Espita negándole su derecho a tener una escuela acorde a su gusto y libre elección, con lo que se reproducen instancias de baja calidad y nula rendición de cuentas, pues los maestros y autoridades de la escuela no les responden por sus cargos a los miembros de la comunidad a que sirven.
Vincular a la escuela con la comunidad es la primera de las recomendaciones de los organismos internacionales como la OCDE y el Banco Mundial, para auspiciar una alta calidad en las instituciones educativas. La participación de los padres de familia dentro de la escuela vigilando la educación de sus hijos e interesándose en sus actividades y colaborando activamente para reducir las penurias económicas de la escuela pública, es una premisa a lograr que nos viene de las Cumbres Internacionales de Educación y que tenemos que acatar como país firmante de las mismas.
El hecho de que esta escuela esté dentro de los programas de calidad y haya ganado una distinción (como CAM distinguido) hace aun más delicado el asunto.
Estamos ante un retroceso claro de la educación al dejar al margen a la comunidad de padres cuando piden la permanencia de la directora del CAM 22, que tiene su confianza y estamos ante una falta a los Derechos Humanos de personas con capacidades diferentes, al no permitirles a sus padres optar por la escuela que desean, además de ser agredidos por las autoridades políticas locales.
En el fondo, se trata de un problema de dignidad, dignidad de los sectores oprimidos que aprendieron en su relación cotidiana con esta escuela en particular que la participación política es un derecho y ellos tienen el derecho de ejercerla mediante la resistencia civil, sin ser sujetos a agresiones por parte de la autoridad. Tienen el derecho a ser escuchados y atendidos, son el pueblo, del que según Sartori deriva la legitimidad de la acción de gobierno, legitimidad que comienza a estar en entredicho al dejar de ser escuchadas las justas peticiones de estas comunidades a las que históricamente no sólo les debemos respeto, les tenemos que pedir perdón por los años de discriminación a que fueron sujetas por gobiernos perversos que lucraron con una ignorancia propiciada por años de mala, deficiente y autoritaria educación, fruto de un indigno sistema político clientelar que le apostó a la sumisión mediante la educación para el control político a través de caciques y que no acaba de darse cuenta que esas épocas ya pasaron y que toda acción tendrá una reacción pública acorde a la violencia real o simbólica ejercida contra los más débiles, contra el pueblo.
Finalmente, creo que no está de más hacer un llamado a las más altas autoridades recordándoles que la autoridad moral forma hombres y la nominal forma siervos, hagan de su paso por las instituciones públicas, a la manera griega, un espacio para la inmortalidad y la excelencia –el Areté-- y no el recuerdo de la ignominia.
Dr. Armando Peraza Guzmán.
Miembro de Sociedad en Movimiento.

LA CORRUPCIÓN DESDE LA RELACIÓN ENTRE LO PÚBLICO Y LO PRIVADO

La distinción entre lo público y lo privado está en entredicho, dada la relación de intereses entre una empresa privada y funcionarios del gobierno actual. Esta relación, de comprobarse, asumiría una forma ya conocida de corrupción ya mencionada por Rousseau, cuando nos dice que el principal enemigo de una Nación es el individuo privado, ya que pone en todo momento sus intereses privados por encima de los intereses de la Voluntad General.
Por lo anterior, en los países democráticos se castiga esta relación de intereses económicos entre lo público y lo privado con la destitución, multas y hasta con cárcel, pues le causa un daño directo al interés público, y daña el patrimonio del Pueblo.
Aquí en México, de la mano de un federalismo imperfecto, lo que sigue prevaleciendo son los negocios particulares de la mano con los contratos públicos, de los que son beneficiarios estas empresas que siguen enriqueciendo a las élites gubernamentales que, bajo la figura del prestanombres, disimulan un espacio de interés común donde son juez y parte, auto-asignándose jugosos beneficios, costumbre que ha arraigado perfectamente en nuestro Estado, donde lo único que se ha democratizado es la inclusión de los sectores estatales en un espacio de corrupción, donde lo federal era preponderante.
La corrupción se combate con publicidad, con transparencia. Por eso en los regímenes corruptos, el enemigo son todos aquellos medios, individuos y asociaciones que hacen pública la descomposición política de un gobierno, publicitando sus acciones y exigiendo rendición de cuentas a los gobernantes de parte de los otros órdenes republicanos, que en un sistema de gobierno democrático, guardan un equilibrio que propicia una sana gobernación.
La embestida contra el reportero Hansel Vargas, está inscrita en este proceso de degradación política por el que avanza nuestro Estado, donde la desaparición de los límites entre lo público y lo privado dejan de existir al mezclarse con los intereses económicos de los grupos gobernantes, los que reaccionan ante la denuncia pública reprimiendo a aquellos que les incomodan desde una postura de cuasi legalidad, ya que los tres poderes, que por definición deberían mantener un sano equilibrio e independencia, en nuestro medio están en realidad bajo la tutela de los intereses de un grupo que, desde el Poder Ejecutivo, instrumenta la represión desde los espacios donde debería impartirse justicia.
Aristóteles ya lo dijo, la prudencia es una virtud que se cultiva desde el poder, ya que para los ciudadanos, en su relación con lo público, tener prudencia llevaría a la inmovilidad política y a la instauración de regímenes corruptos, de ahí que la primera garantía contra la opresión son los Derechos Humanos de Primera Generación, donde la “Libertad de Expresión” protege a los ciudadanos que denuncian la degradación de lo público como un estigma que degrada a la nación.
Autor: Armando Peraza Guzmán.