La reforma del sistema educativo, aciertos y
desaciertos, una reforma sin sociedad civil.
Dr. Armando Peraza Guzmán.
Actualmente se ha desatado
una condena social desde diversos ámbitos contra el magisterio. En el fondo
está la actitud beligerante de amplios sectores magisteriales sobre todo en Estados
como Oaxaca, Michoacán y Guerrero, que
rechazan de plano todo tipo de evaluación y menos aun aceptan que su plaza
dependa de las que lleve a cabo el Estado sobre su persona y los resultados de
su docencia.
Otro factor es la percepción
de corrupción que desde la figura de los líderes sindicales –encarnando en la
maestra, sus afines y sucesores después de su caída— representa en el
imaginario popular un espacio orientado al robo, la impunidad y el
enriquecimiento ilícito, que se traslapa con la persona del maestro en lo
particular, por los muchos vicios que se han generado desde las escuelas, fruto
de un proceso de complicidad corruptora ya establecida entre el maestro, su
sindicato y las autoridades educativas en cada Estado.
Uno más lo tenemos en las
evaluaciones constantes, tanto de corte internacional como nacional que siguen
ofreciendo resultados desalentadores y no muestran avances a pesar de las
reformas educativas ya en proceso, tenemos también las evaluaciones recientes
de los profesores que han mostrado una cara muy poco favorable al magisterio,
exhibiendo sus deficiencias y limitaciones y de paso, las deficiencias del
modelo normalista de formación de docentes a la luz, sobre todo, de los
problemas hecho públicos con las normales rurales.
En verdad que la condena social
y el clamor que pide se haga algo al respecto se ha vuelto nacional desde el
punto de vista de amplios sectores intelectuales y empresariales, los cuales
están marcados por el recuerdo de la corrupción imperante bajo la dirección
sindical de la profesora Elba Esther Gordillo, que usufructuó en forma privada y
privilegiada los recursos del SNTE, enriqueciéndose desmesuradamente y fortaleciéndose
políticamente al favorecer a un grupo cercano --no solamente de maestros--,
quedando incluidos: legisladores gobernadores y hasta presidentes que la
utilizaron y fueron utilizados en una vergonzante relación que cada vez se
hacía más insostenible y que le costó caro al menos a un partido político, el
PAN.
Las evaluaciones
internacionales –PISA--, películas como “De panzazo” y la propia belicosidad de
la líder sindical y sus alianzas con las cúpulas del poder que se han hecho
públicas, dada la realidad cada vez mayor de una opinión pública independiente,
sobre todo de parte del sector empresarial, han reforzado la visión de una
catástrofe educativa que no puede mantenerse pues cada vez tendrá un costo
político mayor para el partido en el poder.
Lo lamentable de esta
confrontación es que no debería tener razón de ser. Un adecuado liderazgo
estaría llevado de la mano con un diálogo permanente con los legisladores donde
la sociedad civil, los empresarios, el sindicato y el gobierno participaran en
forma conjunta para definir el futuro de la educación en México, pero sobre
todo, para hacer las reformas necesarias al sistema educativo que tanto
necesita el país.
El magisterio, una vez más
está ausente en la discusión de las reformas, porque los legisladores que
debían representarlos y que realmente representaban a la maestra en sus turbias
negociaciones de funesto recuerdo, ante su caída , se han re-alineado, volteando
sumisos ante el poder del Estado y del Presidente en turno, no representando
realmente al magisterio en este proceso de negociaciones, lo que es realmente
lamentable, ya que unas reformas sin la participación del sector magisterial
como interlocutor válido sólo puede
tener dos salidas: la confrontación nacional in crecendo, o la realineación del SNTE dentro del Estado como un
organismo corporativo similar a lo que fue durante el salinismo y antes, lo que
es más probable.
Las reformas, tal y como
están planteadas, buscan más un efecto mediático por parte de los partidos que
un resultado real en el ámbito educativo, lo he repetido muchas veces, mientras
no se despolitice el Sistema Educativo Mexicano la debacle del mismo no tiene
solución a corto, mediano o largo plazo, las reformas irán y vendrán y siempre
habrá chivos expiatorios –no los verdaderos culpables-- que respondan ante el
imaginario popular de esta catástrofe, ahora le toca el turno al magisterio.
Recuperar la rectoría del Estado
en lo educativo no es ni con mucho la solución y menos ante un Estado con
vocación corporativa y clientelar. Se requiere precisamente lo contrario, hay
que recordar que fue la rectoría del Estado la que entregó el sector educativo al
sindicalismo magisterial y que fue desde el Estado, donde se fortalecieron
hasta llegar a desafiarlo. Pero recordemos, la educación ya era un desastre aun
antes de que el Presidente Echeverría, ante una gran crisis económica, la utilizara
para mantener el control social, usándola como medio de movilidad social al
servicio de un magisterio proveniente de las capas más desfavorecidas de la
sociedad, desde donde se reclutaban sus cuadros, bajo la premisa de la
fidelidad, rompiéndose con lo que quedaba del vasconcelismo que si bien no era
mucho, todavía daba la lucha desde grupos aislados de maestros e hijos de
maestros que con entereza acudían a las aulas para reafirmar su vocación a
pesar del proceso de entrega que ya sufría el SNTE desde Robles Martínez,
el primero de los tres grandes caciques
sindicales que ha tenido este sindicato y que, recordemos, fue durante doce
años líder del SNTE y director de BANOBRAS, banco estatal desde el que edificó
un imperio económico junto a apellidos como los Alemán y los O´Farril.
Entonces, recuperar la
rectoría del Estado sólo entregaría de nuevo el magisterio a los intereses
políticos del partido en turno en el poder y por esa vía ya no debe ser posible
circular, se requiere despolitizar el Sistema Educativo Mexicano. Para lograrlo
se requiere no aumentar el ya muy desgastado proceso de descentralización que
además ha fracasado en México y lamentablemente también en América Latina en su
conjunto, desde Chile a Argentina o Perú, donde ya se llevaron a cabo las
reformas y evaluaciones de maestros similares a las que se están preparando
para México y que no han impactado en los niveles educativos de las grandes
mayorías nacionales, como demuestran sus propias autoevaluaciones. Sigue el
sector educativo de esos países, después de las reformas, beneficiando a
pequeños sectores de clase media igual que antes.
Sin embargo, es necesario
descentralizar, no centralizar, como lo indican las nuevas negociaciones que
quieren sacar a los Estados de la República de las negociaciones salariales con
el SNTE en los Estados, esto no llevaría más que a fortalecer el poder del
nuevo Secretario General del SNTE, un líder que le venga bien al Presidente el
turno y que no beneficiaría a la educación en nada, ya que sólo vitalizaría la
dependencia sindical del magisterio volviéndolo rehén de su cúpula una vez más
al servicio del partido en cada elección.
La tentación del uso
electoral del SNTE desde una óptica institucional de corte orgánico --en
lenguaje gramciano--, es una tentación a la que creo se le está dando forma con
la caída de Elba Esther Gordillo, ya lo hizo Calderón con un alto costo, tanto
en imagen como en la propia funcionalidad de la reforma, además del desgaste
político que le representó esa alianza. El PRI pareciera que quiere volver a usar
a este organismo sin los altos costos políticos
que le representó al PAN, recuperando la negociación directa con la cúpula,
desplazando a los gobernadores y refundando el viejo autoritarismo que tanto
daño le ha hecho a la educación, cuando lo óptimo es la asignación de un
presupuesto global a los Estados con una negociación particular en cada uno que
estaría fijada a partir de un mínimo presupuestal autorizado por la Cámara de Diputados
y que obligaría a los gobernadores el recurrir a nuevos impuestos ante
cualquier otro incremento salarial. Los
beneficios salariales extras, además de ser substanciosos, deben vincularse
cada vez más al desempeño institucional –no individual-- y deben ser negociados
desde organismos externos autónomos, como pasa en la educación superior.
Entonces, ¿cómo
descentralizar? La respuesta es una descentralización por funciones que cree al
menos tres o cuatro agencias autónomas (bajo la figura jurídica de organismo
autónomo que ya existe) desde agencias nacionales similares a la creada para la
evaluación desde la reforma constitucional, pero que se encarguen de funciones
como contratación, construcción y reparación de escuelas, capacitación y
formación, recabar información que, junto a la ya creada de evaluación, pueda
manejar el caso de los incentivos. Estos organismos nos permitirían salirnos de
los estrechos márgenes políticos de una Secretaría de Estado que le rinde
cuentas al ejecutivo a unos organismos que le rindan cuentas al Congreso
directamente.
Para evitar la injerencia de
los gobernadores en los Estados, estas agencias serían nacionales,
desconcentradas, no descentralizadas de su órgano rector, lo que evitaría las
negociaciones perversas entre los gobernadores y la imposición de personeros en
cada Estado desviando muchas veces presupuestos como ha ocurrido hasta ahora.
Quedaría una Secretaría de
Educación manejable, pequeña, enfocada en la delineación de la política
educativa en conjunto con los problemas reales de cada Estado de la República,
abocada a orientar y ser un órgano rector con gran capacidad de decisión en lo
que respecta a la política educativa, ya no estaría obesa ni recargada como lo
está actualmente, beneficiándose de su nuevo tamaño y generando perfiles de
contratación por ejemplo, pero no contratando, de capacitación, pero no
capacitando, etc.
Junto a este proceso habría
que darles voz a los padres de familia, los interesados directos en el proceso
educativo, mediante formas de vigilancia y participación que desde cada escuela
impulsen la calidad, ya que la misma no es cosa de política ni de discursos, es
cosa de compromisos y éstos sólo pueden ser establecidos desde los espacios
particulares de cada escuela, urge pues una reforma que reorganice a la escuela
junto con los padres de familia, establezca el Consejo Escolar, hacer un todo,
generar un equilibrio republicano que poco a poco con políticas y reformas de
corrección, vayan cambiando la cultura magisterial actual hacia formas de
responsabilidad social, respeto y apego particular a cada institución.
Las escuelas deben tener la
posibilidad de iniciar el proceso de contratación de sus profesores; la
antigüedad debe ser portable, sólo así se fortalecerá el compromiso social del
maestro con su institución dándole valor a los resultados; la Carrera Magisterial
debe premiar el resultado por escuela, no en forma individual, pues como está
ahora basada en la evaluación centrada en el maestro no ofrece resultados
significativos; se debe buscar fomentar un sólido crecimiento de la calidad
mediante el fomento institucional del trabajo colegiado, ya que es necesario
conjuntar equipos que trabajen colaborativamente –en este punto habría que
limitar la movilidad automática del maestro entre escuelas, que es un cáncer
actualmente, ya que mina sistemáticamente el trabajo colaborativo-- en busca de
la calidad y obtengan, desde varios indicadores de evaluación, mejoras
salariales conjuntas que premien el desempeño de todos y no generen un
descontento que dinamite el clima de trabajo, como está ocurriendo actualmente,
según varios estudios sobre el tema en Yucatán(Gómez, 2013, Padilla, 2013); se
debe también incluir a los padres de familia en la toma de decisiones en la
institución desde un órgano de dirección colegiado que los incluya, ya que son
los primeros interesados en lo educativo y pagan la escuela con sus impuestos.
Simultáneamente, se debe
trabajar en la desaparición de la fragmentación por horas, deben desaparecer
las plazas por horas y ser substituidas por plazas de medio tiempo y de tiempo
completo con sólidos indicadores de crecimiento laboral. Es un hecho que desde
el manejo corporativo de las plazas se les ofrece a los maestros dos, cinco o
menos horas las cuales aceptan con la ilusión de crecer laboralmente y adquirir
una plaza en propiedad, mientras los gobiernos de los Estados, a su vez, lo que
buscan es ampliar la base clientelar de los partidos políticos creando
ilusiones y afectando gravemente la labor educativa basada en el trabajo
colegiado ya que éste no puede existir
bajo esas condiciones. Un claro ejemplo de cómo la cuestión
político-electoral en cada Estado afecta la calidad educativa.
Los anteriores son algunos
de los múltiples problemas de corte organizacional que afectan al magisterio,
son problemas que hay que encarar más allá de una incompleta reforma educativo-administrativo-laboral
–aunque en algunos casos acertada, como es el caso del sistema de acopio de
información y gestión educativa y la creación del organismo autónomo evaluador que
se está formando desde la última reforma constitucional al Artículo Tercero-- centrada
en un diagnóstico basado en la reproducción de algunos modelos exitosos en
varios países asiáticos que surge de la desesperación de las organizaciones
civiles y empresariales y que tienen su origen en diversos estudios,
evaluaciones y recomendaciones del Banco Mundial y la OCDE, políticas que han recomendado para Latinoamérica desde hace
ya más de diez años y que lamentablemente por incompatibilidad cultural han
demostrado su insuficiencia en América Latina, requiriendo medidas de
corrección diez años después de ser implementadas con el costo que estos
errores tienen para el combate a la
pobreza mediada por el logro de los Objetivos del Milenio de Dakar y las Metas
para el Siglo XXI establecidas recientemente en Mar del Plata.
En lo educativo, seguir
insistiendo en un proceso descentralizador fallido es un crimen que seguirán
pagando los más pobres, seguir insistiendo en la evaluación como la forma
principal para impulsar la calidad educativa es otro error producto del
desconocimiento de la lógica laboral que prevalece en las instituciones
gubernamentales que se enfrentan, desde el ámbito organizacional, al dilema del
prisionero de la “teoría de juegos”, donde dos grupos no pueden cooperar
incluso si es en beneficio de ambos y donde en el mejor de los casos nadie gana,
ni la sociedad, ni el magisterio y en el peor, todos pierden, como es probable
que suceda.
El problema real es el
cultural, la cultura magisterial que impide el éxito de cualquier proceso de
reforma que se intente implementar –en lo educativo, la RIEB, RIEMS, etc., no
en lo organizacional como la reforma constitucional reciente (2013)--. La
cultura no cambia por decreto ni con leyes, es un problema multifactorial que se debe encarar mediante estrategias
diversas, desde una base organizacional y estudios diagnósticos que tengan como
característica su particularidad y situacionalidad. En pocas palabras, hay que
crear una base organizacional acorde a las nuevas formas de cultura laboral del
magisterio que queremos impulsar.
Esta sería la verdadera
reforma educativa, una reforma a largo plazo de entre 20 y 25 años, pero
tardará más si no empezamos de inmediato.
