LIC. RENAN BARRERA CONCHA.
ALCALDE ELECTO DE LA CIUDAD DE MÉRIDA.
INFORME DE LA VISITA A LA POLICÍA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE MÉRIDA YUC.
Dr. Armando Peraza Guzmán.
Miembro de la Comisión de Transición (2012).
La visita en cuestión, se realizó en compañía
del Regidor electo, Elias Lisha y nos recibió su titular, el Comandante
Federico Cuesy Adrián, con quien se
realizó una visita a las instalaciones y quién colaboró plenamente a la misma
con observaciones atinadas que fueron corroboradas en el sitio.
El reporte de la visita es el siguiente:
La seguridad al entrar es
deficiente pues el arco detector de metales no funciona o no está conectado, lo
que pone en riesgo a la corporación ya que las armas, por ejemplo, están en un
cuarto con una cerradura común sin mayor seguridad y existe el riesgo, como ha
sucedido en varias lugares de la república, de que un comando de delincuentes
busque procurarse armas, pór lo que fácilmente saquearía el lugar. Se necesita
trabajar ampliamente este rubro de seguridad. Se recomienda estrictos sistemas
de seguridad con protocolos establecidos y un área de resguardo blindada de
armas.
El armamento es prestado por la
policía estatal ya que no se cuenta con los permisos necesarios para la
portación de armas por parte del ejército y en general existen armas de todo
tipo, desde pistolas antiguas y en no muy buenas condiciones, hasta
subametralladoras y fusiles recortados de mejor factura y mayor capacidad de
fuego. Se recomienda una mejora en la calidad de las armas, el trámite ante la
SEDENA de los permisos de portación de armas, y en caso de que esto no fuera
posible, ver el cambio en el perfil de los policías para crear un cuerpo civil
de apoyo ciudadano, sin armas, pero con sofisticados medios de comunicación a
su alcance para mantener una adecuada comunicación que coordina la prevención y
la persecución del delito en la que los agentes funjan como apoyo dentro de una
logística mayor en coordinación con la Policía del Estado.
El nivel de escolaridad del
personal (policías) es de secundaria, además, al ser contratados no se les
somete a ningún curso en la Academia de Policía, sólo eventualmente si así se
solicita, no hay protocolos al respecto, lo que deja a la ciudadanía en riesgo
ante gente con poca preparación que se asume con autoridad ante ellos, lo que
llevaría fácilmente a abusos en el entorno de los Derechos Humanos. Se requiere
una profunda política de profesionalización del personal de policía empezando
por elevar el nivel de escolaridad del mismo, acorde con una mejora salarial. Todo
lo anterior en beneficio de la ciudadanía. Se recomienda vincular el ingreso de
policías con exámenes psicológicos que nos garantice que el personal está sano
mentalmente y no es un psicópata que dañe a los ciudadanos, además de convenios
de colaboración con institutos penales que los capacita antes de ingresar en
ámbitos de atención ciudadana, además de acudir a una academia para su
preparación en técnicas de detención y protocolos de comportamiento ante
situaciones de emergencia, detenciones y otras
En forma marginal, se atienden
varios programas de prevención del delito que requieren ser reforzados con
personal especializado y una programación adecuada con los posibles usuarios de los mismos, con
convenios de colaboración con la SEP, ONGs y otras organizaciones de corte
ciudadano, para vincular estos programas con la sociedad civil e impulsar la
participación ciudadana en el combate y prevención del delito
Las instalaciones de detención
preventiva, son insuficientes, mal equipadas, sin espacios de privacidad para
las necesidades biológicas básicas de los detenidos, con camas de cemento sin
ningún tipo de cubierta y sin una separación adecuada entre hombres y mujeres, ni
una policía femenina que atienda estas últimas, además de que las cámaras que
vigilan estos espacios son manejadas por personal masculino, sin hacer
distinción si los detenidos son hombres o mujeres, lo que a todas luces viola
principios de género establecidos desde el ámbito de los Derechos Humanos, por
lo que extraña que esta institución –la Comisión Estatal de Derechos Humanos-- no
tenga observaciones al respecto, pues se informó de varias visitas y de que la corporación no tiene
recomendaciones pendientes hasta la fecha. Es de hacer mención que en la mayor
parte del edificio de la institución hay aire acondicionado, por lo que extraña
que en este espacio se carezca de él, lo que nos lleva a pensar que el calor
–sobre todo en ciertas épocas—es un medio de tortura, por lo que debe ser
remediado. Se recomienda construir nuevas instalaciones con recurso federal disponibles que según el titular de la
corporación existe y ha sido ofrecido,
pero no se han podido porque el ayuntamiento anterior no les proporcionó
el terreno para su construcción. Es de urgencia atender este problema elemental
para la propia existencia de la corporación.
La atención de los detenidos
proporcionándoles servicios de comunicación al momento de su detención no se
observó, ni la provisión de papel, agua o alimentos, los que se reducen a la
compra de tortas sin un comedor que se encargue en forma profesional de la
elaboración de alimentos para los detenidos, con una dieta apropiada. Es de
hacer notar que La Comisión Estatal de Derechos Humanos se conforma con la
compra de tortas cuando se percató de esta anomalía, lo que nos extraña por la insuficiencia de la medida.
En caso de detención de menores,
no se tienen instalaciones adecuada ni protocolos de comportamiento o apoyo de
personal especializado, contándose con un cuarto sin ventilación, sin sanitario
ni aire acondicionado, o con las condiciones mínimas de permanencia en un
entorno que no viole los Derechos de los Niños, por lo que también extraña la
falta de observaciones de la antes mencionada Comisión Estatal de Derechos
Humanos.
Para la identificación de los detenidos
no se cuenta con un sistema de huellas digitales, sólo un sistema de registro
de nombres con conexión nacional, pero que por sí mismo, no cumple con los
protocolos de una instalación policiaca moderna que pueda identificar con
certidumbre a los mismos.
No tiene laboratorio para las
pruebas requeridas en una detención, ni un espacio apropiado que resguarde los reactivos
aplicados para la detección de drogas y alcohol, por lo que sus resultados iniciales
no deberían tener validez jurídica para las detenciones, ya que existen
protocolos para los mismos tanto en el orden nacional como en el internacional
que deberían establecerse.
Existe un sistema de vigilancia
por cámaras para la ciudad, mínimo que no alcanza a cubrir más allá de un
mercado y una que otra calle, con equipos obsoletos en algunos casos y nuevos
en otros, por lo que se requiere urgentemente una inversión y mejora en este
rubro, dado que ha sido vital en otras regiones para la prevención del delito y
una mejor vigilancia de la ciudad, es más, creo que es urgente crear un centro
de control de vigilancia con cámaras que abarque toda el área bajo jurisdicción
de la Policía Municipal, siendo ésta una inversión prioritaria para la
protección de la ciudadanía.
Los espacios de trabajo son
totalmente insuficientes, pequeños inadecuados y se observa un hacinamiento del
personal, por ejemplo, el personal de policía no dispone de casilleros
individuales, lo que provoca que sus pertenencias estén apiladas al aire libre
ya que no hay un espacio de baños regaderas o sanitarios apropiado para el uso
de los mismos, con baños insuficientes que despiden un olor fétido por el uso
intensivo que se hace de ellos en relación a su tamaño.
Estas son sólo algunas de las
observaciones que se pueden hacer. En general se requiere de todo un proceso de
reingeniería e inversión a corto plazo mediante protocolos definidos por
especialistas, para darle a esta institución y a la ciudadanía de un espacio
digno que apoye en las labores de seguridad, atención prevención y persecución
del delito, lo que a todas luces con las deficiencias actuales no sucede. En
caso de que por diversos motivos esto no se pueda realizar, por problemas
económicos o de estrategia y logística, se recomienda la desaparición de la
corporación por lo delicado que sería que continuara operando en las condiciones de funcionamiento actuales y los
daños a que está expuesta la ciudadanía por delitos menores como problemas de
tránsito, los daños a menores y la deficiente atención a las mujeres. El temor
que pueda sentir la ciudadanía ante su ingreso a estas instalaciones está
totalmente justificado y debe ser
atendido de inmediato por el ayuntamiento y sus nuevas autoridades.
Mérida Yucatán a 30 de agosto de 2012
